Todos somos responsables

En situaciones normales, cuando todo está en orden, muy pocos se preocupan por la cosa pública, el sistema político o la calidad moral y profesional de quien ejerce la autoridad. Cuando se pierde ese orden, en situaciones de profundos desequilibrios económicos, políticos y sociales, como los que hoy vive el país, de repente cobran importancia este tipo de temas. En momentos de alta presión, desorden e incertidumbre es cuando más se demanda protección y efectividad por parte de las autoridades. En esos momentos, cuando todos son conscientes de los costos que implica recobrar el orden, es cuando más se demanda capacidad e idoneidad por parte de las personas en cargos de autoridad. Entendiendo que la capacidad e idoneidad se juzga en función de la habilidad para minimizar los costos de ajuste, individuales y de grupo, necesarios para restablecer el orden deseado. De esa cuenta, en momentos como los que vive Guatemala, no debería sorprender a nadie la súbita preocupación ciudadana por la calidad moral y profesional de quienes ocuparán las posiciones de autoridad. En la medida que las mejores personas lleguen a los puestos de autoridad, se piensa, menores serán los costos que deban afrontarse para restablecer el equilibrio y orden perdidos.

Si bien este tipo de razonamiento tiene algún mérito, en el fondo solamente esconde el deseo, consciente o inconsciente, de trasladar los costos del ajuste a alguien más. Apelar a las “buenas personas” para restablecer un determinado orden se convierte, desde una perspectiva práctica, en una forma de trasladar la responsabilidad individual de cada ciudadano con su país a las personas en posiciones de autoridad. De esa cuenta, hoy existen cientos de miles de personas frustradas que ven cómo el país se acerca a unas elecciones generales con candidatos que no son de su agrado y con reglas de juego de dudosa legitimidad. Aunque disguste a muchos, es preciso reconocer que buena parte del descontento con los candidatos y reglas actuales tiene su origen en este no reconocido deseo de minimizar los costos individuales que conlleva construir un sistema político, económico y social más justo.

A pesar de múltiples fracasos y promesas incumplidas, la ciudadanía sigue actuando bajo la creencia que es posible trasladar el costo del ajuste a las personas en puestos de autoridad. Lo cual, como ha quedado demostrado históricamente, rara vez ocurre y cuando ocurre resulta ser insuficiente. De esa cuenta, y ante la imposibilidad de hacer cambios profundos e inmediatos antes de las elecciones, es preciso que todos los indignados reconozcan que la lucha apenas empieza; que reconozcan que construir un nuevo país requiere compromiso y dedicación constante por parte de todos. Como una reconocida lideresa social le dijera a su encopetada amiga en la Plaza de la Constitución: “El país no va a cambiar por el simple hecho que te asoleaste un par de sábados, eso ni derecho a estar indignada te da”.