Tanto el contrabando como la defraudación aduanera son flagelos que buscan y encuentran los mecanismos para saltarse la barda de la legalidad.
¿De qué tamaño es ese salto? Según Mariano Rayo, al presentar el estudio, el contrabando fue estimado en 2012 en Q14 mil 178 millones, lo cual equivale al 3.60% del producto interno bruto (PIB). Para tener una idea del tamaño de esta cifra, es muy parecida a la meta que se había fijado la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para recaudar de impuesto sobre la renta (ISR) este año: unos Q14 mil 218 millones.
El costo del contrabando y defraudación en las aduanas podría financiar fácilmente los ministerios de Gobernación, Salud, Agricultura, Cultura y Desarrollo Social, que en conjunto suman Q14 mil 185.9 millones.
“Las características geográficas de la región centroamericana hacen que el fenómeno del comercio ilícito sea mayor”, indica el documento. Y Eduardo Stein, uno de los editores responsables del estudio, afirma que, incluso, hay evidencia arqueológica de que el problema lo sufrieron los mayas pero, “como no deja charcos de sangre, había pasado por alto”.
LOS DAÑOS
El contrabando abarca una serie de diversos productos alimenticios, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabaco, combustible, productos farmacéuticos, incluso bienes naturales; es decir, flora y fauna de la región es negociada a lo largo de las fronteras, señala el estudio.
“Entre los diferentes efectos que el comercio ilegal causa a la zona, el más evidente es la pérdida económica que se genera, principalmente por la distorsión al mercado de bienes y la pérdida de ingresos tributarios”, añade.
Según la directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Fanny D. Estrada, “uno de los efectos graves colaterales es que viene a ser competencia desleal a los productores o a quienes venden el mercado local pagando sus impuestos, además de los daños en ingresos al Estado”.
Y a los exportadores les afecta porque para prevenir el contrabando se implementan nuevas medidas en las aduanas, que lo que hacen, en lugar de facilitar los procesos, es que los vuelven más burocráticos.
El factor precio también incide en el contrabando de combustibles, como se ha establecido en el trasiego ilegal entre México y Guatemala, así como en el de cigarrillos.
Fausto Velásquez, gerente de ventas de Uno Guatemala, licenciataria de la marcha Shell en el país, coincide con esta apreciación. Recuerda que en 2012 los costos de los derivados de petróleo promovían el contrabando.
No obstante, “actualmente se han reducido por el cambio de la política energética de México, que tiende a reducir o eliminar los subsidios. Por momentos estos han estado más baratos en Guatemala”, afirmó. Agregó un segundo factor que tiende a reducir el contrabando, el cual es la tendencia a la baja en el mercado internacional.
Hace unos tres años el sector estimaba que el contrabando de combustibles era de entre 15% y 18% de lo que se expendía en el mercado, pero ahora creen que es de 3% a 5%.
El ejecutivo considera que si aún se registra contrabando, puede ser por diferencia de precio o por “pinchar” las tuberías mexicanas, de donde toman ilegalmente y casi sin ningún costo el combustible.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, estima que la defraudación que contabiliza el estudio puede estar muy cercano a la realidad, y recuerda que iniciativas como la Comisión Nacional contra el Contrabando (Conacón) “solo vinieron a reducir el incremento, pero no causaron una baja significativa en el comercio ilícito”.
Agregó que el desmantelamiento de redes de defraudación, como La Línea, debería haber mejorado la recaudación, pero, al contrario, sigue a la baja.
Y es que el problema de que los impuestos no llegan al fisco es que las autoridades no cuentan con los recursos para utilizarlos en la población que necesita la ayuda del Estado para salir de las condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y eso es lo que los guatemaltecos han demandado en los últimos tres meses y medio de manifestaciones sabatinas.
“Hemos visto un crecimiento sostenido de la conciencia ciudadana contra la corrupción”, afirmó Eduardo Stein. Porque siempre hemos sabido que hay guatemaltecos que se han saltado la barda de la legalidad “pero ahora tenemos herramientas para comprobar esos ilícitos”, añadió.
Crecimiento sostenido
Se une a otros ilícitos
El estudio señala que el contrabando es un mal que ha venido creciendo a lo largo del tiempo. “Se puede aseverar que el comercio ilícito se ha incrementado, y que ahora se entrelaza con otros hechos ilegales como el narcotráfico, lavado de dinero, extorsiones y corrupción”, concluye.
El informe resalta que no existe un compromiso regional por parte de las autoridades de cada país para sumar esfuerzos concretos contra el problema. En el Istmo, la legislación está orientada al combate del contrabando y la defraudación aduanera, pero su efectividad así como los resultados son escasos.
La tolerancia o aceptación hacia el consumo de bienes producto del comercio ilícito en los países de la región, es un hecho innegable extendido. Por ejemplo, en Costa Rica, cita el documento, el 35% de la población admite haber comprado un artículo del contrabando. En el caso guatemalteco, entre los bienes que se ven mayormente afectados se pueden mencionar el maíz, arroz, huevos, leche, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, combustibles y medicamentos, entre otros.
En Cifras
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14.2 mil millones de quetzales es el monto que ascienden las operaciones por contrabando.
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