El Tribunal Supremo Electoral comienza a despertar

Entendemos que el TSE, para adoptar dicha resolución, se fundamentó en el Artículo 21, literal g) del párrafo cuarto, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que reza: “El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas conlleva la aplicación de sanciones administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación de la personalidad jurídica de la organización
respectiva”.

Aplaudimos esta enérgica decisión y esperamos que tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad, en sus respectivas sentencias de amparo, apoyen lo resuelto por el TSE, porque lo más seguro es que Lider impugnará dicha decisión por la vía del amparo.

Sin embargo, no solo el Lider se ha excedido del límite máximo de gastos de campaña autorizado por el TSE. Conforme la información de Acción Ciudadana, también el Partido Patriota (PP) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sobrepasaron, en exceso, el límite de gastos, si se suma lo gastado en precampaña (acreditado con innumerables pruebas) y lo gastado después de las convocatoria a elecciones. Por tanto, dichos partidos también deben ser multados y obligados a no hacer propaganda electoral. Si el TSE no lo hace así, podría pensarse que no está actuando conforme al principio de igualdad ante la ley.

Por otro lado, el TSE, en respuesta al informe de la CICIG donde se denuncia que narcotraficantes y corruptos han financiado a la UNE, extremo que fue corroborado por el diputado de la UNE, Mario Taracena, al declarar a la prensa que el régimen de Álvaro Colom (2008-12), fundador la UNE, fue infiltrado por el crimen organizado y que durante la presidencia de Colom pasaron “cosas gruesas, pero gruesas”, también debería cancelar dicho partido, por financiamiento electoral ilícito. Lo anterior sin perjuicio de que si se establece que finalmente el vicepresidenciable de la UNE, Mario Leal, está ligado a proceso penal, lo procedente será la cancelación de la inscripción de dicha candidatura en el Registro de Ciudadanos, por falta de idoneidad, con base en el Artículo 113 constitucional.