Dos rutas de depuración

Para muestra, solo en la presente legislatura diversos audios han evidenciado la intermediación de Emmy Mazariegos en la designación de personal en Huehuetenango. También está el antejuicio contra Gudy Rivera por tráfico de influencias durante la elección de magistrados. Y el antejuicio contra Mario Rivera por lavado de dinero, derivado de una transacción anómala con la Constructora Takis, en un caso que podría evidenciar el cobro de comisiones por gestiones de obra gris. Sumemos las posibles relaciones con el crimen organizado. La desarticulación de la red de los Mendoza abre la puerta para identificar los vínculos políticos de dicha estructura en Izabal y Petén. Caso similar con Jairo Orellana en el occidente, o de Marllory Chacón en el suroriente del país.

No obstante, al plantear la depuración de candidaturas, no hay que olvidar el modus operandi de estas redes. Barones como Hichos, Rivera o Mazariegos operan estructuras tridimensionales. Por un lado, la faceta clientelar, encargada de la compra-venta de voluntades de electores; luego, la faceta de corrupción, vía la gestión de obra; y finalmente, la faceta del nepotismo, que les permite colocar personajes afines en instituciones contraloras clave para asegurar impunidad.

Por ello, hay que considerar dos rutas de depuración.

La primera, implica un esfuerzo tripartito. De parte de CICIG y el MP, continuar la judicialización de casos con el fin de perseguir penalmente a legisladores y dotar al Registro de Ciudadanos con insumos para no inscribir candidatos señalados. En segundo término, implica un esfuerzo ciudadano de respaldo al órgano electoral. Y en última instancia, implica que el TSE y la institucionalidad judicial cierren filas y apliquen el Artículo 113 constitucional. Esta ruta tiene dos ventajas. Dado que el plazo para inscripción de candidatos vence el 6 de julio, la no inscripción de estos personajes implica que sus estructuras no tendrán tiempo suficiente para reagruparse y buscar candidatos alternos. Asimismo, implica que los partidos perderán la movilización local de dichas redes. Para muestra, la expulsión de Hichos seguramente provocará una merma en el apoyo de Chiquimula al proyecto de Lider y Baldizón.

La segunda ruta –propuesta por varios sectores– pasa por retrasar elecciones, con el fin de reformar la Ley Electoral. Con nuevas reglas de financiamiento, modelos de elección, controles y sanciones, se buscaría que el TSE no inscriba candidatos cuestionados y cancele partidos transgresores. No obstante, esta receta olvida la capacidad que tienen las redes de regenerarse. Si las estructuras locales reconocen la ofensiva en su contra, al retrasar los comicios aún tendrán tiempo para buscar alternativas para inscribir testaferros o adecuarse al sistema reformado.