Combatir la corrupción no es algo icónico, es una obligación que debe trascender de quienes estén al frente de los tres poderes del Estado, por eso es que resulta urgente que los 13 magistrados de la CSJ asuman el rol que les corresponde y mediante las instancias existentes aprovechen este primer paso dado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al destapar dos estructuras que funcionaban paralelamente a las entidades gubernamentales, y deduzcan las responsabilidades de los jueces que pudieran estar implicados en estos hechos ilícitos.
Como un principio hacia la erradicación de ese flagelo, resulta necesaria una limpieza que además de los actores, incluya los procedimientos que actualmente están implementados en el sistema judicial, y evitar así hechos como que la solicitud de antejuicio contra la jueza Marta Sierra de Stalling sea enviada a la misma judicatura que ella preside solo porque el “método así lo arrojó”, tal y como lo denunció el jefe de la Cicig, Iván Velázquez, al dar a conocer el caso del Bufete de la Impunidad que, por dádivas, benefició a algunos implicados en La Línea.
La situación referida hizo perder tiempo en nombrar a un juez pesquisidor que diera seguimiento a la solicitud, y a un mes de haberse presentado la acción, aún no se tiene algún avance del mismo.
La expresión de Velásquez al dar a conocer las investigaciones que se han efectuado contra los togados en Guatemala: “Que los jueces vendan sus decisiones genera una gran tristeza”, no puede ser más elocuente, ya que además del certero contenido, es esbozada por un funcionario judicial destacado.
Además de Sierra de Stalling, también existen procesos contra los jueces Carol Patricia Flores, Jisela Reinoso, Adrián Rodríguez y Erick Santiago de León, quienes, además de hacer eco en la frase de Velásquez, evidencian la necesidad de que sea el Poder Judicial el que inicie el camino hacia una reforma que otorgue la credibilidad institucional, que con los últimos sucesos se ha percibido ausente.
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