Entre una cosa y otra, lo más seguro es que la SAT siga funcionando igual que siempre, a pesar del escándalo en que hoy se ve envuelta la institución. La investigación de la CICIG ha sacado a luz solamente la punta del “iceberg”, los demás problemas de corrupción y malos manejos que ocurren dentro de esta institución siguen estando al margen del escrutinio público. Producto de este escándalo, a lo sumo, cambiarán algunos procedimientos aduaneros y se mejorarán algunos controles, todos los demás procesos seguirán funcionando como siempre lo han hecho. Es poco probable que exista un fuerte interés en reformar la institución por parte de quienes han quedado a su cargo, además que no existe garantía alguna acerca de su idoneidad profesional y honorabilidad para dirigir la institución.

Además de estas consideraciones de tipo operativo, no existe razón alguna para pensar que la reforma de la SAT sea ahora una prioridad estratégica para el gobierno actual. Aun bajo el supuesto que existiera un genuino interés por rediseñar la institución, el gobierno actual carece de la credibilidad necesaria para liderar este proceso. Por otro lado, en caso la reforma lo requiriera así, sería virtualmente imposible lograr acuerdos políticos dentro del Congreso para reformar la legislación aduanera vigente. No se diga, convencer a un grupo de profesionales independientes y honorables a liderar este proceso en las circunstancias actuales. Del Directorio no se puede esperar mayor cosa; no metieron las manos al fuego cuando pudieron, menos ahora.

Más allá de la “renovación” de funcionarios; incremento de algunos controles; multas más altas; depuración del personal; y, nuevos programas de capacitación; es poco probable una reforma de la SAT en lo que resta de este período presidencial. Lo que es más grave, dada la ausencia de liderazgo político actual y los claros beneficios que estas redes de corrupción representan a quienes tienen el poder, tampoco existe garantía alguna que tal reforma vaya a ser la principal prioridad para el próximo gobierno. El tipo de corrupción que ha salido a luz es producto de los amplios márgenes de discrecionalidad que la normativa existente otorga a los funcionarios públicos encargados de las operaciones críticas en materia tributaria, especialmente en lo relativo a las aduanas. Mientras más complicados sean los procesos de despacho, inspección y valoración de mercancías; mayor multiplicidad de requisitos y trámites; más dependencias de gobierno participen en estos procesos; más específicas y complicadas sean las regulaciones tributarias; más difíciles de entender y cumplir los procesos de pago de los impuestos; mayor oportunidad para la discrecionalidad, malicia y oportunismo por parte de cualquier funcionario público. En casos como este, hay que reconocer que es una “locura hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”.