¿Renuncia o antejuicio?

El régimen de Otto Pérez se encuentra bajo fuego después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desmantelara una red de contrabando y defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que apenas es el primer episodio de una saga que amenaza con convertirse en un verdadero terremoto en el sector público y que, inequívocamente, abarcará a empresas privadas que se beneficiaron de su vinculación con la estructura criminal.


Por de pronto, los vientos huracanados que se desataron la semana pasada, a raíz de la vinculación a la susodicha red del secretario privado de la Vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, están azotando el despacho de Baldetti, al punto que se está expandiendo el clamor popular por su renuncia o del levantamiento de su inmunidad, por su presunta vinculación al asunto, aunque el presidente Pérez, oficiosamente, ya salió en su defensa.

Los escándalos de corrupción han sido la constante durante el régimen de Pérez, al igual que lo fueron durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12). El inicio de los señalamientos comenzó con el repudiado “usufructo” de Puerto Quetzal, que supuso una privatización sin licitación. De allí en adelante la denuncia de enriquecimientos ilícitos y saqueos de fondos públicos ha venido creciendo en números y cantidades. La destitución del ministro de Salud, Jorge Villavicencio, tras detectarse malversaciones descomunales, y la detección de la red de corrupción en el Sistema Penitenciario del privado de libertad, Byron Lima, por parte de la CICIG, fueron momentos álgidos el año pasado.

Colom, en el 2010, se vio obligado, ante la impotencia de defender lo indefendible, a destituir al ministro de Gobernación, Raúl Velásquez, por actos de corrupción en la compra de combustibles para la Policía Nacional Civil (PNC), al ministro de Educación, Bienvenido Argueta, por desobedecer una orden judicial para que entregase información sobre los beneficiarios del programa “Mi Familia Progresa”, a cargo de la entonces esposa de Colom, Sandra Torres, y al ministro de Agricultura, Mario Aldana, por graves anomalías en el programa de fertilizantes.

Ayer, el precandidato presidencial oficialista, Alejandro Sinibaldi, indudablemente en reacción al involucramiento de la plana mayor de la vicepresidenta Baldetti en la mencionada red de contrabando y defraudación aduanera, renunció al partido oficial (PP), asestándole un golpe casi mortal a esta organización política.

Entonces, a estas alturas la pregunta sobre Baldetti que se hace la ciudadanía es: ¿Renunciará o será antejuiciada? Veremos.

Publicado el 20 de abril de 2015 en www.elperiodico.com.gt por Editorial El Periódico
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150420/opinion/11434/%C2%BFRenuncia-o-antejuicio.htm

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