Urge la pena de muerte

Aún no salía el sol y ella ya estaba frente al fuego batiendo la gran olla con atol. En sus 42 años de vida había mucho trabajo, esfuerzo y por supuesto necesidades. Con los primeros rayos de sol atendió a su familia y, ya cumplidas sus obligaciones, con el canasto en la cabeza salió, como lo hacía todos los días, a colocar su puesto de venta frente al hospital San Juan de Dios, donde despachaba a empleados, enfermos y parroquianos; con las pocas ganancias del día lograba alimentar a los hijos que dejaba en casa. Esa es la escena que a mi mente llegó al conocer la noticia de la masacre del miércoles frente al hospital general.

Uno de los grandes hospitales nacionales recibe todos los días a cientos de personas necesitadas de su servicio. Llegan de todos los puntos de la ciudad y del país como también los reos que permanecen bajo la tutela de Gobernación, Ministerio responsable de garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos. Es un espacio público que no cuenta ni con la más mínima medida de seguridad para proteger a la ciudadanía, un lugar donde la población es expuesta al peligro por las mismas autoridades que deben defenderle.

Guatemala está ante una encrucijada. Pareciera que los delincuentes tienen de rodillas al país; que no hay retorno a una vida de paz y que el dinero es capaz de comprar hasta el alma del diablo. Con la masacre del hospital se percibe que los funcionarios no prevén, o no quieren asumir su responsabilidad; es como si no conocieran a quienes tienen detrás de las rejas y la capacidad
de maldad que tienen.

La tragedia fue pavorosa. Pero no se escuchó ninguna de las voces que gritan a favor de los derechos humanos de los privados de libertad; de los fervientes que están contra la pena de muerte, de las organizaciones internacionales que obstaculizan que en este país se cumpla con ese mandato constitucional. Estos asesinatos, de personas honradas que se ganaba la vida, no merecen su voz o su atención aun cuando fueron víctimas de una mala jugada por parte del Estado, quien les violó su derecho a la vida.

La Constitución, en su artículo 18 establece la pena de muerte. Por años ha estado en suspenso esta acción. Se aduce violación a los derechos humanos del reo y que no es una medida humana. La realidad es otra. Trata de librar a la sociedad de personas que no tienen la capacidad de vivir en ella, que son un peligro para los demás, que no tienen la capacidad de regenerarse; además, sirve de ejemplo para aquellos que quisieran seguir el camino de la transgresión. Lo hicieron los países que hoy claman porque aquí se derogue cuando estaban construyendo su nación, es más, Estados Unidos la mantiene vigente como medida correctiva.

La Ley se hace para ser cumplida, la certeza ayuda a que exista orden. Es el momento en que la ciudadanía honrada, que cada día se levanta a trabajar para llevar el pan a la mesa de su casa, exija a las autoridades y a los diputados que vuelva entrar en vigor la pena de muerte, pues se debe hacer ver a los delincuentes que el castigo es mayor que la fechoría.

Publicado el 13 de marzo de 2015 en www.s21.com.gt por Lucrecia de Palomo
http://www.s21.com.gt/cuaderno-escritor/2015/03/13/urge-pena-muerte

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