¡5 mil 119 violadores!

Muchos papás son al mismo tiempo abuelos de sus hijos y andan tranquilos por la calle. Después de haber violado a una hija, violarán a la otra. Existen esfuerzos de organizaciones no gubernamentales que hacen lo imposible por canalizar energía para evitar este flagelo, pero el Estado de Guatemala no ha tenido políticas públicas coherentes que trasciendan los esfuerzos dispersos de cada gobierno.

Niñas que dan a luz en hospitales nacionales salen con su bebé en brazos para regresar al “hogar” a ser de nuevo violadas, informes de dignos trabajadores sociales quedan como adornos de anaquel porque la institucionalidad, o no le importa o en el fondo lo considera común. Este fenómeno afecta a todas las capas sociales,  desde las familias más copetudas hasta las más pobres.

En paralelo, la prostitución de menores de edad y trata de niñas son delitos que se ven en plena calle y el Estado no ha tenido éxito para crear una verdadera política que trascienda en el tiempo. Esto es más que complicado porque nuestro diseño constitucional tiene a la familia como génesis de la base social. La familia es el grupo conformado, en principio, para protección básica de sus miembros, pero si sus integrantes son violentados en su seno, el único que puede frenar el atentado es el Estado (nos guste la idea o no).

El aparato escolar debe estar dotado de excelentes trabajadores sociales para diagnosticar las amenazas que miles de niñas enfrentan en su propio hogar. Es allí donde deben darse todos los recursos y esfuerzos para prevenir lo que sucede. Además, tenemos suficientes leyes que obligan al Estado a impartir información sobre sexualidad, y esa exigencia frente a estos pavorosos números no llega como debería. Además, el aborto como un derecho en caso de violación se evade y ni siquiera ocupa a nuestros flamantes tránsfugas congresistas.

Este año trae nuevas autoridades y este es el momento para poner este tema como medular de cualquier plan de gobierno. La amenaza que las niñas tienen es un pecado que refleja una imperdonable omisión. Hay gente comprometida, es momento de exigir una política nacional que ataje en todas sus aristas lo que sucede y el fenómeno debe ser atacado sin importar si el político de turno tiene un discurso de izquierda o de derecha.

No hay futuro con estos datos y de eso debemos convencernos.