Cuando se llega a estas instancias, generalmente, ya no hay nada que hacer. Al contribuyente no le queda más que aceptar de mala gana los aumentos de impuestos. Ante la imposibilidad de recurrir al endeudamiento público para cerrar la brecha entre ingresos y gastos,  la mayoría de gobiernos de la historia reciente se han visto obligados, de una manera u otra, a aumentar la carga impositiva que recae sobre los contribuyentes. En todos y cada uno de estos casos ha resultado muy complicado para los contribuyentes cuestionar la legitimidad de los referidos aumentos de impuestos. Dada la naturaleza de la brecha fiscal, los aumentos de impuestos siempre han sido diseñados para que una parte importante de la recaudación resultante vaya directamente al fondo común. De manera que cuando se plantean dudas respecto de la legitimidad de los gastos que la recaudación adicional ayudará a financiar, generalmente se argumenta que dichos fondos sirven para financiar gastos prioritarios del Gobierno: educación, salud, seguridad, justicia, etcétera. En realidad, dada la fungibilidad de los fondos, estos recursos adicionales, salvo diseño en contrario, casi nunca tienen un destino específico. Son recursos que son usados para financiar todo tipo de gastos, desde los más legítimos y efectivos hasta los más innecesarios y poco efectivos.

Pocas veces tienen los contribuyentes una oportunidad como la que hoy se plantea con los nuevos impuestos que fueron creados durante la aprobación del Presupuesto de Egresos e Ingresos del Estado para el año 2015. En este caso no se puede argumentar que la recaudación que resulte de la entrada en vigencia de estos nuevos tributos será utilizada en el mejor tipo de gasto existente. Todo lo contrario, la recaudación adicional que se pretende obtener producto de esos impuestos equivale, casi uno a uno, al incremento en el gasto público derivado de la dudosa partida a cargo del CIV por Q1.965 millardos. De no existir esta partida, no habría necesidad de crear nuevos impuestos y/o aumentar los existentes.

En este caso, está claro que el aumento de impuestos, por más que las autoridades respectivas digan lo contrario, va a servir para financiar un conjunto de gastos sobre los cuales no se sabía nada al momento de la aprobación del presupuesto y sobre los cuales no se sabe mucho todavía. Es inaceptable la creación de nuevos tributos para financiar gastos cuyo destino se desconoce,  cuyo manejo está en duda y cuya efectividad es cuestionable. Una situación que deja claro, como pocas veces antes, el mal uso que, muchas veces, se le termina dando a los fondos provenientes de las constantes reformas tributarias. Lo que hoy está sucediendo con estos nuevos impuestos y el financiamiento de la multimillonaria partida a cargo del CIV es lo que casi siempre ocurre con la típica reforma tributaria destinada a cerrar brechas fiscales. El principio es claro: no se justifican aumentos de impuestos que van a servir para financiar corrupción y gastos de dudosa efectividad.