Luchar por la dignidad de las niñas

Que una niña de 13 años diga “ya no quiero tener marido”, es desgarrador. Sus palabras son el claro reflejo del infierno que miles de pequeñas como ella deben afrontar a diario como resultado de la ignorancia o crueldad de sus propios padres. Esta pequeña, por ejemplo, fue entregada a sus 11 años a un hombre de casi 40 a cambio de una cuerda de terreno; otras tienen ante los ojos de sus progenitores el mismo precio que un caballo o un quintal de maíz.

No es posible que en Guatemala se sigan tolerando esas acciones irresponsables que no son exclusivas de áreas rurales. El reportaje central de este día pone en evidencia que el departamento de Guatemala ocupa el primer lugar en este tipo de trueques inmorales, y que muchas familias se escudan en el argumento de “la tradición” para llevarlos a cabo.

Las cifras dan cuenta de que en los últimos 5 años se registraron más de 80 mil 151 matrimonios de niñas y adolescentes entre las edades de 12 a 18 años, y los grupos defensores de la niñez aseguran que hay cada vez más casos de niñas de 10 años que llevan vida conyugal con hombres que hasta les triplican la edad.

El país no puede seguir comprometiendo de esta forma el futuro de la niñez, sobre todo porque, si de costumbre se trata, las víctimas verán con normalidad repetir la acción con sus propios hijos.

La obligación del Estado es proteger a sus menores y asegurar que vivan de forma digna, pero, en lugar de esto, su inocencia es dilapidada y sus sueños sepultados por la ambición y la lujuria.

Por ello, es plausible el esfuerzo que está realizando la Mesa a Favor de las Niñas, en la que varias organizaciones se suman a buscar una solución a este problema que nos afecta a todos. El Congreso ya tiene en sus manos la iniciativa 4746, que prepararon los integrantes de esta mesa y con la cual se pretende aumentar la edad mínima de matrimonios, como una forma de perseguir a quienes hacen de las pequeñas una mercancía sexual. Los diputados tienen una gran responsabilidad y también la oportunidad de contribuir a cambiar miles de vidas inocentes.

Estos son justamente los temas importantes y que merecen espacios privilegiados en las discusiones políticas, y no los intereses partidarios o particulares de quienes legislan. Todas las instituciones del Estado deben comprometerse a aportar lo que les corresponde para garantizar un trato digno a los menores. Los padres deben empezar y darles a sus hijos su verdadero valor; no se le puede pedir a una niña que se respete a sí misma si nadie le ha enseñado lo valiosa que es como ser humano.