Las crisis y la ley electoral

Se vive una crisis institucional: en el poder Judicial con la suspensión de los magistrados electos, con la revelación de magistrados que venden sus sentencias, con juicios con treinta años de retraso, con la intromisión del Ejecutivo, etc. En la Contraloría, donde no se quieren sujetar a la norma constitucional. Con crisis de autoridad en el Tribunal Supremo Electoral ante el partido oficial y para complicarla, una Corte de Constitucional que ahora legisla.

Ante la crisis, los tres poderes del Estado están en la picota, pero creo que la gestión más cuestionable es la del Legislativo. Quiero hacer énfasis en que no es la institución como tal sino los diputados, que electos por el pueblo, se olvidan de que están para velar por el bien común y no por el particular. Vemos cómo muchos de los representantes del pueblo destruyen la credibilidad en la política. De ellos y por sus decisiones se provoca la mayoría de las situaciones que se convierten rápidamente en crisis nacional.

Tenemos “honorables” diputados que se han reelecto por varios períodos consecutivos y que han perdido la noción de para qué fueron electos. El Congreso es hoy un recinto en donde los veteranos manejan la institución como un negocio privado. Personajes que cambian de partido político según su conveniencia y que buscan la reelección bajo distintas banderas sin importarles la ideología y los intereses del país. Es en ese recinto donde se promueven leyes casuísticas que perjudican al pueblo pero favorecen a unos pocos, se hacen negociaciones y dictámenes que nada tienen que ver con la realidad nacional; se aprueban presupuestos deficitarios, préstamos y bonos que tienen endeudado al país. En el Legislativo se tiene una “dictadura” nefasta, que absorbe a quienes desean otro tipo de Parlamento, y que llega a ser amoral.

Son estos “dictadores” legislativos, en gran parte, los responsables de la debacle nacional. Son quienes quieren asegurarse su perpetuidad al colocar a los otros funcionarios que les sean idóneos, quienes no pondrán en peligro su señorío y dejarán en la impunidad su quehacer legislativo. Es allí donde se funde el poder político, donde se decide el presupuesto nacional, que es la herramienta por medio de la cual se tiene a los otros poderes del Estado encadenados y supeditados a su dominio.

Por ello, lo que urge es el cambio a la Ley Electoral, donde no se permita esa reelección de diputados y de alcaldes, y se pueda empezar con ello a sanear la democracia.