La muerte en los buses, una pena que aumenta

Si a esto se suma la crisis institucional que se vive y que afecta al sector justicia, la situación es más grave. Para empezar, los tribunales de justicia ya están desbordados y han superado su capacidad de reacción, y, para colmo, la credibilidad de muchos de sus operadores está en entredicho. En este sentido, la ruta hacia la justicia es tortuosa, y con ello se alimenta el desánimo y sensación de abandono en que se encuentran las familias de las víctimas de esta violencia implacable.

Las fuerzas de seguridad también están llamadas a hacer lo que les toca. Los recursos no son los suficientes, pero hay acciones que deben potenciarse y canalizarse de tal manera que les permitan someter a los delincuentes y transmitir un mensaje claro a la población de que se está enfrentando el problema de una forma transparente y sin temor.

Nos solidarizamos con los deudos, víctimas colaterales de estos ataques al transporte público, y nos unimos al clamor de paz que eleva todo un país, cansado de la violencia en cada una de sus manifestaciones.

Estas muertes no deben quedar impunes, pues se trata de ciudadanos honrados que se ganan el pan al frente de un volante, o de personas que a diario salen de sus hogares para trabajar por un mejor país y por el futuro de sus hijos.