Decisión oportuna y trascendental

Si bien el amparo otorgado por el máximo tribunal constitucional del país es provisional, corresponde ahora  argumentar y presentar pruebas para dimensionar la calidad del proceso, cuyas incidencias, actores e intereses en juego fueron registrados por la Prensa a lo largo de semanas, lo cual ya constituye de suyo un registro, un relato, una bitácora, e incluso en algunas facetas se anticipaban acontecimientos que luego eran ratificados, y esto puede servir  para respaldar consideraciones  éticas a la hora de  emitir un fallo definitivo.

Es oportuno el fallo de la CC, porque el país se encaminaba hacia la zozobra institucional, debido a que no puede haber un buen sistema de justicia si el procedimiento es cuestionado y si algunas de las figuras elegidas no tuvieran la sombra de haber sido electores y electos paralelamente, por no mencionar los casos en que abogados claramente vinculados con sectores llegarían a estas instancias.

También se produjo un claro mentís para quienes pretendían asustar con frases prefabricadas, como vaticinar un vacío de poder o un cataclismo institucional, algo que no solo estaba desvirtuado en principio para los conocedores del Derecho, sino que los mismos titulares de la CC se encargaron de aclarar al emitir la orden de que los actuales magistrados continúen en sus puestos hasta que haya un fallo definitivo, tiempo que debe servir para replantear estratégicamente las necesidades y prioridades de este poder del Estado.

No se pueden volver  a permitir procedimientos tan burdos como lo ocurrido en el Congreso, donde los listados se hicieron  tan a prisa que parecían ya planificados con antelación o bien configurados proporcionalmente de acuerdo con los intereses de los partidos que votaron, y no con la vista puesta en la mejora de la impartición de justicia civil y penal. De hecho, el partido Líder, que se ha atribuido el papel opositor, resultó el colaborador más útil del oficialismo en este nombramiento sospechosamente acelerado.

No faltan las voces escépticas que ven en la decisión de  la CC un sucedáneo para el descontento imperante en la sociedad, cuya fuerza podría diluirse conforme llega el fin del año, para después dar un fallo que restituya sin más los actuales nombramientos. Sin embargo, esto sería oprobioso para la certeza institucional, y lo deseable es que se quede en suposición, pero tampoco se debe soslayar que nuestro modelo está agotado y que el tráfico de influencias ha sido letal hasta para el mismo prestigio de la CC, algo que solo puede revertirse con un fallo ecuánime que reencauce la institucionalidad.