Debiera sentarse un precedente

Sin embargo, el caso del Ministro de Salud Pública, a quien el Presidente le pidió la renuncia en vez de destituirlo de manera fulminante, como correspondía por la enorme corrupción de la cartera a su cargo, sirve para ilustrar la importancia de que se aplique la justicia en casos de flagrante latrocinio como el que desde el primer día de su gestión cometió este pícaro doctorzuelo Villavicencio, quien no tuvo ni empacho ni rubor para dirigir la banda de ladrones que a costillas de las enfermedades de la población pasó de zope a gavilán, embolsándose millones de quetzales que hubieran servido para salvar vidas.

Precisamente porque así es como ocurre todo en Guatemala es que no hay esperanza de parar la corrupción. Ese Ministro en vez de recibir la oportunidad de una salida decorosa mediante su renuncia, aunque sea a pública solicitud del Presidente, tendría que haber sido destituido y consignado a los tribunales para encarcelarlo de una buena vez. En cambio, para él quedará con plena vigencia el célebre dicho de que “la vergüenza pasa, pero el pisto se queda”, porque ya veremos que dentro de poco andará como si tal cosa por las calles, sin acarrear para sí y para sus parientes la vergüenza que debiera acompañar siempre a los corruptos.

Destituir a quien se forró de pisto del erario para amasar millones termina siendo una especie de premio para que ya sin la responsabilidad de tener que dar la cara por un puesto público, pueda gozar tranquilamente de lo que se robó. Salvo que se emprendan acciones legales para sancionar el saqueo de los fondos públicos, ni siquiera una destitución es castigo justo, no digamos esa pantomima de pedirle la renuncia en vez de mandarlo, literalmente, a la punta de un cuerno como le corresponde.

Lamentablemente la Contraloría de Cuentas de la Nación es una entidad de pacotilla que ni debe tener registros de los trinquetes que se hicieron en el sistema nacional de Salud porque, al fin y al cabo, de la contralora Nora Segura nunca se esperó que hiciera auditorías del manejo de los fondos públicos. Y por supuesto que el Ministerio Público nunca dispondrá de las pruebas para juzgar al funcionario mafioso porque ese tipo de delitos no forman parte de la agenda de nadie en este país.

Pero los ciudadanos tenemos el derecho y en buen sentido hasta la obligación, de poner el dedo en la llaga y en ejercicio de nuestro derecho a criticar a los funcionarios sin incurrir en ninguna forma de delito, señalar a los ladrones para que a posteridad sus nombres queden asociados con ese asqueroso saqueo hecho de los recursos nacionales.