TSE se divide por posible sanción al Partido Patriota

Una fuente informó que los magistrados Rudy Marlon Pineda, Jorge Mario Valenzuela y Julio Solórzano sugieren que solo se multe al PP con US$125 —unos Q962—, mientras que Mario Aguilar y Aquiles Linares sostienen que se debe suspender a esa agrupación, por ser reincidente. Este último sustituye a María EugeniaMijangos, quien se encuentra en una comisión en México. Pineda y Valenzuela fueron apoyados por el PP en el Congreso para ser electos magistrados. Por dos días consecutivos, los magistrados han suspendido la plenaria en que se discute ese tema.

Ayer levantaron la sesión y la trasladaron para el próximo lunes, cuando se espera una resolución definitiva. Se trató de hablar con Aguilar y Valenzuela, pero se limitaron a decir que aún se encuentran en análisis, mientras que Solórzano no respondió las llamadas a su celular. No es la primera vez que los magistrados se dividen. El 4 de septiembre último levantaron la suspensión a 11 partidos políticos. Los mismos tres votaron a favor de retirar el castigo, que originalmente era de seis meses.

TSE está en crisis

El director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Marcio Palacios, indicó que el TSE ya está en crisis por no querer emitir una sanción contra un partido por haber transgredido la Ley Electoral. “Esto no solo desgasta al TSE, le resta autoridad y lo deslegitima. En este caso cabe una denuncia contra los magistrados alineados, que en lugar de mantener un proceso electoral transparente, son serviles al gobierno de turno. Un aplauso a los dos magistrados que de alguna u otra manera hacen contrapeso”, expuso Palacios. El profesional aseguró: “Es evidente que están divididos, y lo preocupante es que, si siguen así, cobra sentido que se hable de un potencial fraude electoral desde el mismo TSE. Ahora los magistrados se tienen que legitimar; es como que les caiga un balde de agua fría”.

La politóloga Carmen Ortiz lamentó que el TSE se encuentre dividido, ya que pierde imparcialidad, confianza y legitimidad para hacer valer sus disposiciones electorales. “En ambos casos, tanto los que piden la multa de US$125 como los que piden la suspensión reconocen que hubo una violación a la Ley, y ese es el tema que debe llamar la atención. La multa de US$125 es irrisoria porque no tengo idea de cuántos millones se gastaron al organizar la actividad del domingo; por lo tanto no van a tener empacho en pagar ese monto”, indicó Ortiz.

ANÁLISIS

Credibilidad está en juego

La politóloga Carmen Ortiz indicó que es preocupante la gobernabilidad del TSE, que ante una violación flagrante de la Ley debería mantener una postura colegiada y un mecanismo para imponer las sanciones. “No creo que sea conveniente para los magistrados que se identifican con el Partido Patriota perder su prestigio profesional y su credibilidad al margen de sus intereses o de los compromisos que adquirieron con los partidos al estar apoyando una postura donde la violación fue flagrante”, afirmó Ortiz.

POSTURA UNE

Pide medidas drásticas

Sandra Torres, secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza, indicó en conferencia de prensa que es indispensable que el TSE “ponga un hasta aquí a este tipo de actividades”. “No es suficiente una amonestación verbal, escrita o una tímida multa. Una acción de este tipo amerita una penalización mayor a ese partido”, expresó Torres. La dirigente expresó: “Respetuosamente pedimos a los magistrados que apliquen la Ley. Lo que ustedes resuelvan en este caso será válido para todos los partidos”.

EL CONCEPTO

REGULACIÓN ELECTORAL

Estas son las disposiciones legales para organizar elecciones y que habría violado el PP con la concentración del domingo:

Artículo 193 de la Ley Electoral: establece que el proceso electoral se inicia con la convocatoria a votaciones —prevista para el 2 de mayo del 2015—.

Artículo 62 bis del reglamento de esa norma: establece como propaganda electoral toda actividad organizada y llevada a cabo por los partidos políticos encaminada a la promoción del candidato, difusión y explicación de sus programas de gobierno. El proselitismo es el derecho de esas organizaciones políticas a dar a conocer su nombre, emblema y afiliación.

Artículo 69: la propaganda y encuestas electorales serán permitidas desde el día siguiente a la convocatoria a elecciones generales y hasta 36 horas antes de celebrarse los comicios.