El TSE enfrenta una nueva prueba

Así debería ser  si se atiende el reciente antecedente de la suspensión de 11 partidos por razones parecidas, castigo que fue levantado quizá en un ánimo de coadyuvar al desarrollo democrático, algo que los políticos parecen valorar poco.

Precisamente  esa clase política enquistada desde hace décadas en puestos de relevancia es la que se ha encargado de nombrar a distintas autoridades  al frente de instituciones que han visto deteriorada su imagen, como consecuencia de que a aquellos que deben tomar decisiones certeras y firmes  cuando se producen claras violaciones a la legislación  les tiembla la mano a la hora de sancionar a los irrespetuosos, ya sea por compromisos políticos o infames compadrazgos.

Hasta penoso resulta que funcionarios de alto rango duden entre su prestigio y el quedar bien con ciertos políticos a la hora de aplicar la ley, lo cual solo puede augurar nefastas repercusiones. En este caso,  la Ley Electoral y de Partidos Políticos es clara en establecer que para ciertos actos políticos existe un tiempo determinado.

Lo triste y lamentable es que a funcionarios y dirigentes parece importarles poco el ridículo en el que queda nuestro modelo cuando se ofende de tal manera la inteligencia de la población y de la opinión pública, con actividades  a todas luces  al margen de la ley, que conllevan el agravante de que se enraíza la pobre percepción que se tiene del Ejecutivo y porque, de paso, se pone en entredicho  el prestigio de quienes tienen a su cargo hacer que se respeten al máximo las reglas.

Al parecer existe mayor preocupación por las reacciones de sus patrocinadores que  por hacer que  se respeten las normas, una arista en la cual los partidos ya han  dado suficientes muestras de lo poco que les importa la ley.

Resulta difícil  comprender que en el país impere de manera rampante la cultura de lo pusilánime, por la complicidad de oscuros intereses,  pues solo así se explica tanto abuso consentido, y no digamos en el delito ético en  que incurren los funcionarios, quienes devengan un salario  pagado con dinero de los contribuyentes, que se dedican a la propaganda partidaria: un problema que no es exclusivo de la actual administración, pero cuyas  autoridades cuestionaron reiteradamente en gobiernos anteriores.

Actitudes serviles y permisivas difícilmente contribuirán con la maduración de la democracia. El  actual partido oficial no está haciendo más que poner a prueba al sistema, al apostar que  únicamente recibirá   una irrisoria multa, lo que equivaldría a una gran burla al estado de Derecho y a quienes deben velar por que eso no ocurra. Un poco de dignidad y entereza contribuirían de manera decisiva en el fortalecimiento de la democracia.