Sin embargo, Renzo Rosal, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, considera que la transparencia solo fue “una bandera” que el actual Gobierno intentó levantar con cierta fuerza al inicio de la administración. Pero con el paso del tiempo ese eje de la política pública es inconsistente en su agenda.
“Abundan las denuncias en los medios de comunicación y una serie de casos que se han hecho públicos, los cuales evidencian que este Gobierno adolece de una práctica a favor de la transparencia. Muchos funcionarios han sido señalados, incluso, destituidos por acciones de corrupción y tráfico de influencias”, subrayó Rosal.
Édgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), manifestó que hubo “un estancamiento” porque a pesar de la creación de una institución y la aprobación de algunas leyes de transparencia el año pasado, en términos generales “no hay procesos significativos”.
Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), refiere que la labor que se realiza en pro de la transparencia “es muy mala”, y calificó al Gobierno actual como uno de los peores en la materia. “Creemos que es de las peores administraciones, así lo reflejan las calificaciones internacionales; el índice de percepción de la corrupción que estaba en 2.7 ha bajado a 2.4, en una nota sobre 10”, resaltó.
Copret: información a la vista
Verónica Taracena, titular de la Copret, considera que suele confundirse la transparencia con ausencia de corrupción, y son cosas diferentes. “Cuando hablamos de transparencia quiere decir poner a la vista información, lo que no significa que todo esté color de rosa”. La funcionaria manifestó que al haber más transparencia la corrupción sale a la luz.
Taracena argumenta que la entidad que dirige únicamente puede interponer sanciones administrativas a los órganos que dependen del Ejecutivo. En algunos casos remiten las denuncias a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público.
Cree que para subsanar las deficiencias es necesario apostar a la creación de una Secretaría de Transparencia, porque la entidad es temporal y no pueden coordinar con entes que no forman parte del Ejecutivo.
Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Congreso de la República, considera que el Gobierno no ha cumplido con las condiciones mínimas de transparencia. A su criterio, es sumamente grave, debido a que la ausencia de la transparencia genera desconfianza en la ciudadanía y por consecuencia un debilitamiento del Estado.
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó que aunque el Gobierno hizo el esfuerzo para crear la Copret, es un ente muy débil que no tiene fuerza, ni autoridad técnica ni política. “El Gobierno del Partido Patriota se ha caracterizado por una sucesión muy larga de escándalos de corrupción y anomalías. Se ha abusado de la figura del fideicomiso y compras sin licitar”.
Sin logros
Flores, de AC, explica que desde hace 12 años Transparencia Internacional ha medido la percepción de la corrupción en el país y que cada año la inclinación es la profundización de este flagelo. “Esa tendencia obedece a la captura del Estado por mafias vinculadas a los partidos políticos”. Según el analista, en el Gobierno no existe un intento serio de implementar acciones concretas para reducir la corrupción ni para articular la política nacional anticorrupción. “Lo primero que hizo fue desmantelar el Viceministerio de Transparencia de Finanzas, que se iba conformando como una entidad con ciertas capacidades técnicas”, expone.
Barrientos, del Icefi, califica de “lamentable” la labor del Ejecutivo para fortalecer la transparencia. Manifestó que durante la reforma fiscal, en marzo de 2012, el Gobierno presentó dos iniciativas de ley como parte del paquete de transparencia, pero no tuvieron seguimiento.
El Icefi forma parte de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), específicamente en el plan de acción 2014-2016. “La AGA declaró que el plan de acción 2012-2013 del Gobierno de Guatemala fue un fracaso. No tuvo avances en transparencia y hay una carta de la organización de la AGA, la cual establece que Guatemala reprobó”, según Barrientos.
Francisco Cuevas, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indica que este gobierno tiene un compromiso por la transparencia, pero puntualiza que “lógicamente” no se puede cambiar toda una estructura viciada que ha subsistido por más de 30 años.
“No se puede cambiar en cuatro años, se necesita por lo menos ocho o doce años, de esfuerzo permanente y continuo para poder alcanzar resultados exitosos”, declara Cuevas, quien a su vez señala que la actual administración tiene la capacidad de demostrar casos de corrupción, ya que los casos que se encuentran han sido puestos a disposición de los tribunales.
Con avances
Taracena incluye entre los avances importantes en el tema de la transparencia la implementación efectiva de la Ley de Acceso a la Información Pública; con la Escuela de la Transparencia se dan capacitaciones en los departamentos. Asimismo, se hacen monitoreos para que todos los ministerios y secretarías del Ejecutivo cumplan actualizar la información en las páginas web. “Hoy por hoy, las 41entidades del Gobierno mantienen la información respectiva. Se monitorea que cumplan, con la información”, resalta.
Agrega que por el cierre de la Secretaría de Transparencia, luego de una impugnación declarada con lugar por la Corte de Constitucionalidad, y la posterior apertura de la comisión, se retrasó la elaboración de una Política Nacional para la Transparencia y Combate a la Corrupción. “Iniciamos el trabajo en agosto del año pasado y se tiene que consensuar. Hasta el momento se tiene un avance del 70% y esperamos terminar la política a finales de este año”, concluye.
Con sesgos
El trabajo que realiza la Copret, a criterio de los expertos, tiene sesgos porque el Ejecutivo no puede ser juez y parte.
Rosal, director de Incidencia Pública de la URL, refiere que no es posible que el propio Ejecutivo por medio de una oficina como la comisión intente juzgar. “La transparencia tiene mayor sentido cuando es utilizada por la sociedad civil, sector académico o movimientos sociales; estas son las depositarias por excelencia, porque son sectores no partidarios”, expresa.
El planteamiento es secundado por Gutiérrez, del Ipnusac, quien recomienda que lo mejor es que existan mecanismos independientes que se guíen de acuerdo con estándares internacionales y normas aplicadas en otros países para que tengan credibilidad.
Una marca en la gestión
El año pasado la entidad Transparencia Internacional (TI) publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, en el cual Guatemala ocupa el lugar 123 de una lista de 177 países, y obtuvo una calificación de apenas 29 puntos, en una escala de 0 (sumamente corrupto) a 100 (muy transparente).
La titular de la Copret se defiende al indicar que hay transparencia, pero esto no quiere decir que todo es “color de rosa” y señala la necesidad de crear una Secretaría encargada del tema.
En esta entrega de la sección El Debate se aborda el tema de la transparencia en el Gobierno, y los retos que afronta en este rubro.
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