Nivel de vida y la corrupción

En los países donde existe respeto a las normas, esa ostentación es la causa de investigaciones que por lo general terminan con largas condenas en la cárcel o al menos con despidos y cambios obligados. Desde hace muchos años, en Guatemala se ha dado esa situación, pero en la etapa de la democracia electoral que vive el país desde 1986  ha ascendido a niveles que solo pueden ser calificados de escalofriantes, por las condiciones precarias en las que sobrevive la mayoría de la población.

La  Cicig puso el dedo en esa llaga con los casos de cuatro jueces cuyas propiedades y vehículos tienen un valor que supera con creces la totalidad de sus ingresos como trabajadores del sistema jurídico del país. Simplemente no salen las cuentas y por ello resulta un nuevo descaro el que se hayan lanzado como aspirantes a magistrados. Hay que entender que la comunidad internacional, representada por ese ente de control, se encuentra en Guatemala precisamente porque la mencionada desfachatez ya alcanza niveles inconmensurables.

Los 28 años pasados desde el inicio de este período político  indican que los ciudadanos que han participado en las dos últimas elecciones y los que lo harán por primera vez en el 2015  han visto y atestiguado que la práctica de la política y de buscar justicia, o de trabajar en el aparato burocrático, no solamente es implícita, sino de hecho premiada por la sociedad. El silencio de las necesarias y justificadas críticas  se convierte en una actitud cómplice.

Es un hecho evidente que ningún ex alto funcionario ha sido castigado con penas de prisión debido a sus actividades corruptas, que se manifiestan en los lujos de su vida posterior o durante el servicio público. También es notorio que en las campañas electorales no existen las promesas de cesar la corrupción, así como los señalamientos de malos manejos, abusos, nepotismo, contratos amañados, etcétera. Esa ausencia incluye a las críticas o denuncias de ilegalidades a los políticos de los regímenes anteriores.

De hecho hay una especie de pacto secreto o al menos tácito, pero también un oscuro concurso consistente en apostar quién es más corrupto, cuánto aumentan las cantidades del dinero  robado  o repartido  entre la parentela y los amigos políticos. En esas condiciones, debe quedar claro que la posición de la Cicig no puede ser otra, porque su papel es eliminar la impunidad.

Debe hacerse notar  además  que, de hecho, es la sociedad guatemalteca, analizada como un todo, la principal cómplice de los corruptos. No los separa ni rechaza,  sino los considera triunfadores porque ahora tienen dinero.  Gracias a esa actitud se impulsan las aspiraciones a propiedades de lujo, viajes ostentosos, caballos pura sangre y demás aficiones exclusivas de las élites económicas.