El negocio de hacer campaña

PHILLIP CHICOLA

Si así fueron las vísperas, ya vemos por qué tan voraces las fiestas.

Dos investigaciones de elPeriódico han desnudado la realidad del poder en Guatemala. En abril del 2013, Un cuento de hadas sin final feliz, evidenció el desmedido crecimiento en el patrimonio de la vicepresidente Baldetti. Y ahora, en agosto 2014, ha salido a la luz la finca propiedad del presidente Pérez Molina.

En ambos casos, la discusión se centró en el enriquecimiento de políticos y funcionarios, que una vez en el ejercicio del poder, experimentan vertiginosos ascensos en su nivel de vida. Y no es para menos. El manejo de fondos públicos se ha convertido en el principal vehículo de ascenso social. Hacer política resulta rentable, pues en nuestro modelo patrimonial, el poder equivale a constituirse en árbitro gestor de oportunidades de riqueza.

No obstante, de los casos Pérez y Baldetti subyace una realidad poco discutida. Un significativo incremento de su patrimonio ocurrió durante el proceso electoral. En el caso de Baldetti, la adquisición de una casa en Eucaliptos –una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad– tuvo lugar a finales del 2011, previo a asumir la Vicepresidencia. Y justo en el mismo período, iniciaron los trabajos en la finca del mandatario en Zaragoza, Chimaltenango.

Con esa coincidencia de tiempos, me surgen dos preguntas: ¿Será que el negocio de la política no se circunscribe al ejercicio del poder? ¿Será que hacer campaña también es un negocio?

Pues así parece. O por lo menos en el caso del Partido Patriota (PP), así ocurrió. Durante la última elección, los naranja instituyeron el modelo en el cual a quien captara donaciones para la campaña, le correspondía una comisión de diez por ciento sobre lo recaudado. Si tomamos como válida la estimación que el PP gastó unos Q200 millones en los comicios, estamos hablando que Q20 millones pudieron ir a parar a los bolsillos de dirigentes y activistas.

Agreguemos que los candidatos con posibilidades se convierten en recipiendarios de regalos y dádivas de parte de aquellos que quieren congraciarse con el poder. En el submundo de negocios y política, constantemente se escucha sobre contratistas que obsequian casas, carros y sueldos con la intención de cobrar la amistad una vez en el gobierno.

En casos peores, las actividades de campaña se convierten en fuente de negocio. En la última elección, dos encargados de las Células Patriota –y que hoy ejercen el cargo de diputados–, sobrevaloraron la compra de 800 mil carnés para afiliados. Las voces informadas estiman que en ese negocio se embolsaron un par de millones de quetzales.

Este modelo genera una espiral perversa: si así fueron las vísperas, ya vemos por qué las fiestas han sido tan voraces. Si desde la campaña se concibe la política como negocio, si acepta el cobro de comisiones, si los candidatos reconocen como válido recibir dádivas y regalos de potenciales contratistas, o si en la misma campaña se incurre en prácticas corruptas, ¿cómo esperar un comportamiento distinto una vez en el poder?