Ley controversial

Solo tuvo dictamen de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, que únicamente tuvo la visión de los compromisos adquiridos al firmar los acuerdos comerciales, sin analizar las implicaciones agronómicas, económicas y de conservación que podrían incidir negativamente para el país. Guatemala es uno de los centros de origen de especies a nivel mundial, con categoría ya reconocida de país megadiverso.

A diferencia de otros países, hemos sido descuidados con el registro y conservación adecuada de todas nuestras especies. Se calcula que el país tiene más de nueve mil especies vegetales y animales nativas, y no tenemos un reconocido banco de germoplasma.

No contamos con la tecnología adecuada para garantizar la trazabilidad de nuestras especies, por lo que existe vulnerabilidad muy alta de que puedan ser registradas y/o utilizadas como germoplasma para generar nuevas especies por empresas que tengan la capacidad técnica y, sobre todo, económica.

Esto ya ha ocurrido en el pasado. Empresas de países desarrollados como EE. UU., Israel y México han aprovechado esta debilidad, al recolectar, estabilizar y registrar variedades de maíz, chile, aguacate, tomate, cucúrbitas, entre otras. La ley indica que aplicará a 15 géneros, o especies, según el reglamento específico, que aún no se ha hecho público y que podría traernos sorpresas, pues al hablar de 15 géneros implica un porcentaje alto de los cultivos económicos producidos en Guatemala.

A los 10 años aplicará a todos los géneros y especies. He ahí el peligro, pues, léase bien, implica “todos”. Nuestros pequeños y medianos agricultores, quienes siembran sus semillas tradicionales, quedan desprotegidos ante esta ley y se les puede criminalizar según el artículo 50, acción que ya ha ocurrido en otros países, al existir mezclas de semillas mejoradas con variedades criollas.

La Ley contraviene otros tratados y convenios internacionales que Guatemala ha ratificado, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, el Protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional sobre Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, el Convenio de Diversidad Biológica, etc.

No fue hecha pensando en la seguridad alimentaria del país, que tanto la necesita, sino que se plega a los intereses de las transnacionales productoras de semillas.

*MSc. en Economía Agrícola y doctor en Ciencias de la Investigación