La Superintendencia de Administración Tributaria no cumple sus propias metas de recaudación. Ingobernabilidad y falta de recursos van de la mano.
Pese a esta crítica situación, el Estado no es capaz de poner orden en sus finanzas. Un ejemplo son los fideicomisos. Estas figuras mediante las cuales se transfiere dinero del Estado a instituciones públicas o privadas tomaron importancia desde 1996, cuando pasaron a ser un sistema paralelo de gasto público disperso por numerosas instituciones del Estado, autónomas y descentralizadas.
El secreto, la discrecionalidad, la ausencia de fiscalización y el despilfarro son la lectura en estos gastos.
La Contraloría General de Cuentas ha declarado una y otra vez que le es imposible fiscalizarlos, por una simple razón: la ley prohíbe a la Superintendencia de Bancos suministrar a la Contraloría datos sobre los fideicomisos públicos que operan en los bancos del sistema; es decir, estos no son controlables. El colmo: no se tiene un dato exacto de la cantidad de fideicomisos ni a qué monto ascienden.
La Municipalidad de Guatemala es un ejemplo: varios fideicomisos constituidos por la comuna ejecutan el grueso del presupuesto y son operados por la banca privada. Esta forma de gastos es muy irregular y debería transparentarse o prohibirse.
Para darnos una idea, en 2011 se ejecutaron 3 mil 442.5 millones quetzales del presupuesto general de gastos de la nación, en concepto de fideicomisos. De acuerdo con Finanzas, el monto total de recursos transferidos a los fideicomisos durante su vigencia ascendió a 42 mil 123.6 millones al 31 de diciembre de 2012, la mayor parte en seis bancos del sistema.
Y aún hay más: se han aperturado fideicomisos de segundo grado; es decir, mini-fideicomisos de los fideicomisos.
Hay muchos recursos que el Estado debería obtener, además de los fideicomisos. Muchas entidades ni son fiscalizadas ni aportan impuestos, pero sí cobran caros sus servicios; por cierto, con precios de primer mundo.
Hasta entidades de seguridad, maquilas y un sinnúmero de asociaciones sin fines de lucro están eximidas de impuestos y compraventas.
¿Y los fondos privativos? Todas las instituciones estatales se están inventando estos fondos, que tampoco son fiscalizados.
La Dirección General de Armas y Municiones, el Departamento de Tránsito, la Segeplan, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría están creando fondos privativos sin una regulación precisa.
El desorden financiero contribuye a la debilidad institucional.
Publicado el 21 de julio de 2014 en www.s21.com.gt por Byron Barrera Ortiz http://m.s21.com.gt/mirada-buho/2014/07/21/gastos-oscuros
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