Piden al TSE transparentar financiamiento de partidos

Manfredo Marroquín director de Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional,  calificó el trabajo del Tribunal referente a la fiscalización del financiamiento de partidos políticos como “pobre”, ya que a su criterio no ha ejercido ningún control sobre el tema. “Lo que esperamos es que el tribunal asuma un rol de autoridad y más control”, expuso.

El experto considera que el asidero legal para el TSE es el artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos: “Corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña. El reglamento regulará los mecanismos de fiscalización…”.

Álvaro Velásquez, coordinador de la organización Plataforma Ciudadana (PC), explica que el TSE tiene toda la facultad para abordar el tema y determinar los montos que pueden gastar los partidos políticos y los nombres de los financistas. Agrega que en ninguna contienda se han conocido a los financistas de las organizaciones, mucho menos se ha fijado un tope a las cantidades que gastan, lo cual es nefasto para la democracia.

Mario Itzep, coordinador del Observatorio Electoral Indígena, explica que así como se impuso en el tema de campaña anticipada el TSE es impostergable una decisión similar en el tema del financiamiento.

Marroquín manifiesta que la mayoría de partidos políticos viola el techo presupuestario establecido legalmente, lo cual da la pauta para emitir sanciones que pueden llegar hasta la cancelación de la organización, porque le han mentido sistemáticamente al TSE.

A criterio de Marroquín, con las herramientas legales vigentes “se puede hacer bastante”; sin embargo, reconoció que hace falta reformar la Ley Electoral.

Itzep afirma que es lamentable que se desconozcan quiénes financian la campaña anticipada. “Creo que el TSE debe ser más drástico en el tema de financiamiento”, resalta.

Contradicciones

El financiamiento ilícito de los partidos políticos, por parte de grupos de narcotraficantes, es una de las investigaciones que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) priorizará en lo que resta de su mandato, según anunció el comisionado Iván Velásquez el año pasado.

Sin embargo, la magistrada del TSE María Eugenia Mijangos asegura que no han tenido acercamientos con la CICIG respecto del tema, aunque considera que su abordaje es intrínseco para evitar la campaña anticipada. “Trabajo conjunto no hemos tenido con la CICIG; sin embargo, a nadie escapa que es algo sustancial, el tema del financiamiento de partidos políticos; el financiamiento es lo que permite todo lo que está sucediendo (campaña anticipada)”.

La funcionaria dijo que desde el TSE aún no han definido el abordaje de la regulación y transparencia del financiamiento de los partidos políticos, pero sí lo incluyen en su plan de trabajo. “Le mentiría si le dijera que ya tenemos una solución, pero sí es uno de los temas que tenemos en agenda para estudiar. Me gustaría terminar repitiendo las palabras del presidente del TSE hace pocos días: Realmente nosotros estamos por cero campaña anticipada”.

Diego Álvarez, vocero de la CICIG, explicó que ese tipo de financiamiento es un interés de la comisión, por lo que reiteró que se trabaja en la investigación de las finanzas de los partidos políticos. “Es una investigación que se está realizando y no se puede dar información porque está bajo reserva, pero el comisionado ya ha prometido que en pocos meses se darán resultados”, añadió.

Resaltó que la decisión de investigar a las agrupaciones políticas sobre el financiamiento que reciben, se tomó porque la sociedad en general hizo un llamado para ese trabajo, por lo que se llevó a cabo un análisis y se iniciaron coordinaciones para la investigación.

Aunque indicó que él no forma parte de las investigaciones, entiende que se tiene coordinación con varias instituciones y personas que colaboran con información porque se trata de recabar la máxima información que se pueda.

Los resultados podrían darse a conocer antes de finalizado el mandato de la CICIG a finales de septiembre de 2015.

Desafortunadamente, la mayor parte del financiamiento de los partidos políticos proviene del crimen organizado, a criterio de Marroquín, de AC. Considera que no hay un nivel de calificación de qué tipo de candidatos son más vulnerables a estos recursos. “Pero creo que ya todo el sistema político guatemalteco ha sido penetrado por el crimen organizado, porque les interesa el control territorial, a fin de tener pasos seguros para sus mercancías ilegales”.

Precampaña millonaria

Gustavo Berganza, director de la Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (Doses), entidad que ha realizado estudios relacionados con campañas políticas, explica que una precampaña política en el ámbito nacional tiene un costo entre los Q300 millones y Q400 millones para cada partido político en contienda. “Hay que tomar en cuenta que el costo de los medios y el alquiler de vallas publicitarias han ido aumentando en los últimos años”.

Berganza pone de ejemplo que en las recientes elecciones generales la precampaña del Partido Patriota durante el período comprendido del 1 de octubre 2010 al 30 de abril 2011 sumó Q58 millones 438 mil. “Esto solo es un monitoreo que incluyó el área metropolitana”.
El experto explica que cuando el TSE convoca elecciones generales, los partidos políticos que encabezan la intención de voto invierten entre $10 millones y $15 millones.

Urgen reformas

Mario Guerra Roldan, exmagistrado del TSE, considera necesario reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos porque actualmente no otorga el poder coercitivo a la autoridad electoral para determinar el origen de los recursos y los montos que deben gastar. “Sobre todo ahora que las sombras del crimen organizado y el narcotráfico están crecidas”.

En la misma línea se manifiesta Marroquín, de AC, especialmente el retirar la facultad a los partidos el derecho de contratar la publicidad, para que en su lugar sea la autoridad electoral la que medie la publicidad con los medios de comunicación.

Guerra Roldán manifiesta que si no se buscan los medios y recursos legales idóneos para frenar ese flujo ilícito la situación empeorará. “Es muy raro” que alguien dé financiamiento sin esperar algo a cambio. “Doy para que me des y lo peor es que esperan que se dé más de lo que dan”, refiere.

Álvaro Velásquez, de PC, también secunda la opinión de reformar la norma para que el TSE tenga suficiente poder para transparentar los recursos que reciben las organizaciones políticas y sobre todo poner nombre y apellidos a los donantes. Explica que solo en Guatemala un partido político pasa cuatro años realizando propaganda política. “Este vicio es perjudicial para la democracia porque al llegar al poder los partidos políticos no gobiernan para la población sino para sus financistas.

• Es indispensable dotar al TSE con las herramientas para lograr una perfecta fiscalización del financiamiento de los partidos”.— Mario Guerra Roldán Exmagistrado del TSE

• “Si no hay una reforma integral a este tema, Guatemala no tiene forma de salir del hoyo negro de corrupción y violencia”.— Manfredo Marroquín Director de Acción Ciudadana

• “Es un interés de la comisión y se está trabajando en la investigación de las finanzas de los partidos políticos”.— Diego Álvarez Vocero de la Cicig

• “Le mentiría si le dijera que ya tenemos una solución, pero sí es uno de los temas que tenemos en agenda para estudiar”.— María Eugenia Mijangos, Magistrada titular del TSE

• Regulaciones impostergables  La reciente decisión de las autoridades del TSE de sancionar la campaña política anticipada que algunos partidos políticos realizaban fue bien vista por la sociedad. Sin embargo, surgen voces que demandan a la máxima autoridad electoral que avance en transparentar los montos que reciben los partidos políticos y publicar los nombres de los financistas. Las denuncias de que mucho del capital que utilizan proviene de actividades oscuras obligaron a la CICIG a abrir una línea de investigación para determinar la participación de grupos del crimen organizado. Sin embargo, la magistrada María Eugenia Mijangos afirma que, hasta la semana pasada, la comisión no se había acercado al TSE para dialogar sobre este punto, aunque el vocero de la entidad afirma que en las pesquisas hay coordinación con varias instituciones.