Abrir la caja negra

Según datos difundidos por el Mirador Electoral, la campaña electoral 2007 fue considerada la “más cara de la Historia”, y se estima que los partidos gastaron unos Q689 millones ($89.5 millones). En los comicios recién pasados, Acción Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, cuantificó que del 2 de mayo (fecha de convocatoria oficial a elecciones) hasta el 11 de septiembre 2011, los partidos políticos erogaron Q415 millones en publicidad y proselitismo.

Desde hace muchos años existe una demanda para determinar el origen de esos recursos. Sin embargo, la debilidad institucional y el desentendimiento de los políticos ha impedido que se conozca quiénes aportan, cuánto y en qué condiciones. Siglo.21 publica hoy su sección El Debate, la cual aborda el planteamiento que realizan expertos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de regular y transparentar los fondos. Regular implica establecer un tope a los montos que reciben. Transparentar conlleva conocer los nombres de los personajes que aportan y en qué cantidades, según los consultados.

Así como el TSE fijó un precedente al suspender 11 partidos políticos por campaña anticipada, sería sano que actuara en la misma línea en este tema a criterio de los expertos. El asidero legal para obligar a develar el origen de los recursos sería el artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Sin duda, este planteamiento es un nuevo reto para las autoridades electorales. Esto, porque la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realiza una investigación en esa línea con el objetivo de verificar la participación de grupos del crimen organizado en el financiamiento de los partidos políticos cuyos resultados no se conocerán sino hasta septiembre 2015.

Este tipo de demandas no es aislado. En países como México, Chile, Colombia, El Salvador y Honduras, entre otros, existen planteamientos en ese sentido. A juicio de líderes sociales de esos países, el hecho de que no se conozca quiénes son los donantes de los partidos provoca que los políticos sean influenciados e incluso se conviertan en rehenes por intereses económicos, y eso puede ser muy peligroso para la democracia.

Actualmente, el financiamiento privado a los partidos constituyen una caja negra, y la única forma de transparentar de dónde provienen y cuánto se eroga es que se permita su fiscalización.