Permisividad y desentendimiento con la legislación

En el caso de los motoristas, en el artículo 4 estableció la obligatoriedad de portar chaleco anaranjado y casco identificados con el número de placas del vehículo. En los artículos 6 y 7 del acuerdo consignó que la circulación de los aparatos de dos ruedas debía darse exclusivamente por el carril derecho de las vías, y multas desde mil quetzales a quienes incumplieran con la regulación.

La norma cobró vigencia  el 15 de octubre de 2013 y la encargada de hacerla cumplir es la Policía Municipal de Tránsito (PMT). En esa oportunidad el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, advirtió que aquellas PMT que no dieran cumplimiento a la ley serían derogadas con base en el acuerdo gubernativo que les dio vida, porque incurrían en una violación a la delegación de competencia de administración de tránsito.

Han transcurrido nueve meses desde la vigencia del reglamento y pareciera que tanto ciudadanos como autoridades se desentienden del precepto. Las nuevas regulaciones serían un paliativo para reducir la criminalidad y la violencia. Esto, porque algunos delincuentes a bordo de motocicletas asaltan y asesinan impunemente por las calles y avenidas de la ciudad. Son miles las víctimas.

Pese a que este tipo de hechos no han cesado, la permisividad y desentendimiento de los agentes de la PMT, tanto de la ciudad capital como de otros municipios, para sancionar a los individuos, que incumplen la disposición es evidente. Siglo.21 publica hoy un reportaje acerca de claras violaciones y abusos de la norma frente a agentes de la PMT de la metrópoli. La actuación de los agentes es deplorable, tanto la permisividad como el desentendimiento a la ley.

El incumplimiento de la regulación pone de manifiesto, una vez más, la actitud del guatemalteco ante la ley. Los guatemaltecos no tomamos la ley en serio. Vivimos en un surrealismo legal. Somos uno de los contextos en donde la ley es convertida en juego, en broma, en relajo nacional. Porque constantemente es burlada, vulnerada o violada.

Es necesario que las autoridades vinculadas al tema asuman su responsabilidad. Pero sobre todo, los ciudadanos deben poner de su parte y ser conscientes de que vivimos en un Estado de derecho. La ley no es letra muerta. Debe experimentarse. Y si no recoge el sentir ciudadano debe modificarse. No permitamos que en el país impere la anarquía; de lo contrario solo contribuimos a convertirlo en un Estado fallido.