“Abriremos la Fiscalía contra las extorsiones”

Actualmente forma parte, como unidad, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Las investigaciones apuntan a que el 80% de las extorsiones se produce desde los centros carcelarios.

Asimismo, busca la creación de cuatro fiscalías de la mujer, en 4 departamentos en los que existe el mayor índice de violencia en contra de las féminas.

Además, espera depurar con el recién integrado Consejo del MP los más de 400 expedientes de despido que la administración anterior no pudo finiquitar debido a que el Congreso no integró ese órgano asesor de la institución. “Tengo que aplicar la ley sin mirar a quien”, es la frase que emite la funcionaria al preguntársele acerca de los cuestionamientos de su independencia y transparencia en la gestión que inicia.

A un mes de haber asumido el cargo, ¿cuál será su apuesta al frente del MP? ¿Cuestiones más operativas o fortalecer la capacidad instalada?

Hay un plan operativo anual 2014 que sirvió de base para elaborar el presupuesto del Estado. El MP tiene un plan operativo, y yo me tengo que ajustar a este, al presupuesto que está aprobado; pequeños ajustes puedo hacer. Es más, ya los estoy haciendo, voy a crear cuatro fiscalías de la mujer, que se van a instalar en Petén, San Marcos, Quiché y Sololá.

¿Por qué instalar fiscalías en esos departamentos? 

Porque, de acuerdo a mi experiencia como magistrada en el Organismo Judicial (OJ), estos son los cuatro departamentos que tienen en este momento el índice más alto de violencia contra la mujer, y porque el OJ va a implementar juzgados y tribunales especializados en feminicidio en estos cuatro departamentos. Otra modificación al plan operativo será la creación de la Fiscalía de Sección contra las extorsiones. Esta me llevará un poco más de tiempo, porque en la Fiscalía de la Mujer ya hay un modelo, pero en este tema no hay una fiscalía de sección contra las extorsiones y requiere una integración no solo de tecnología adecuada, sino de capacitación y de seguridad para todo el personal.

¿Y cómo será el trabajo en la Fiscalía de Sección Contra las Extorsiones?

Las extorsiones constituyen un porcentaje muy alto. Especialmente se dan en ocho departamentos del país: Guatemala tiene el 57%, le siguen Quetzaltenango, Suchitepéquez, Chimaltenango, Escuintla, San Marcos, Huehuetenango y Petén. Eso es de los casos que tenemos registrados, pero aquí hay una cifra negra que son los casos que no se denuncian. Muchas personas no se atreven porque tienen temor por su vida; luego, estas estructuras, las maras, utilizan muchos mecanismos para cometer el delito, utilizan mujeres, mujeres convivientes, mujeres familiares, también a menores de edad, a niños a niñas. Recientemente, yo vi en la televisión a un niño que iba a recoger la extorsión con su mochila del colegio, lo que significa que tenemos la obligación de entrarle de una manera apropiada.

La participación de menores de edad en el crimen organizado, especialmente en las extorsiones, va creciendo. ¿Cómo se puede enfrentar eso?

Es un problema grave. Lo veo en dos sentidos. En lo que le corresponde al Ministerio Público a través de la fiscalía especializada, tenemos que coordinar con el Ministerio de Gobernación y con la Policía Nacional Civil para ir desarticulando esas estructuras; tener las investigaciones apropiadas para llevarlos a los tribunales del país y obtener las sentencias. Pero este es una parte del problema, porque a mi juicio lo más importante es la prevención, porque si estamos permitiendo que nuestros niños sigan enrolados en estructuras criminales, en las maras, en las extorsiones, entonces, como país, como Estado, de la mano de la sociedad, tendríamos que entrar al rescate de nuestros niños.

El MP no tiene presencia en muchos municipios. ¿Cuál es el porcentaje de presencia del MP en el ámbito nacional y hasta dónde piensa extender la cobertura? 

El porcentaje de presencia en todo el país es del 17%; evidentemente, hace falta un buen porcentaje para que haya presencia del MP a nivel nacional, pero depende especialmente del OJ que asigne la competencia a los jueces de Paz para conocer en delitos menos graves, aquellos que tienen hasta los cinco años de cárcel; por ahora, solo algunos municipios cercanos lo tienen. Hay un plan piloto en la sede central para que mediante ese plan vayamos a otras áreas del país. Sin duda, las prioritarias son las fronterizas con Honduras, El Salvador, Belice y México, y no podemos llegar solos, debemos de ir de la mano con el Ministerio de Gobernación

¿Por qué urge llegar a estas áreas?

Porque, de acuerdo al mapa de la criminalidad, son cinco los departamentos donde se ha incrementado visiblemente el crimen, aparte de la capital y el departamento de Guatemala, también están Izabal, Chiquimula y Escuintla. Como vemos, son lugares fronterizos, y cuando revisamos el mapa de la criminalidad, nos damos cuenta de que hay corredores del narcotráfico y del crimen organizado transnacional que obviamente utilizan las fronteras, la trata de personas. Si no tenemos presencia en estas áreas, pues, estamos dejando los corredores abiertos para que transiten allí.

¿Ya se tiene un estimado de cuánta gente, cuántos fiscales, cuánto dinero
se va a necesitar? 

Más de 55 millones de quetzales se necesitan y aproximadamente unas 100 personas en esas unidades.

Por empezar depuración 

¿Cuál será la función del Consejo del MP?

Yo le apuesto al apoyo de consejo. Hay 400 expediente de despido, aproximadamente, que no han sido resueltos porque no estaba integrado el consejo y, en ese sentido, la institución necesita certeza de que un trabajador está en la institución haciendo su trabajo con entrega, dedicación, con mística, pero no creo que una persona que tiene cuatro procedimientos de despido esté muy cómoda trabajando en la institución y sin duda la institución no está cómoda con esta persona.

¿Le preocupa que esas personas sigan en la institución?

Me preocupa más y a mi juicio, el proceso de selección de personal porque no hay procedimientos básicos, no hay un manual de clasificación de puestos y salarios modernos, no hay perfiles de puestos acorde a las necesidades; ese es un gran reto y una tarea para hacer.

Baja ejecución 

Tras el análisis, ¿cómo encuentra las finanzas del MP?

Esa es una parte preocupante. El avance de ejecución en servicios personales es apenas del 26%, en servicios no personales, el 33%, pero en materiales y suministros, es la más baja, es del 22%. Me llama mucho la atención porque cuando yo he pasado visitando las fiscalías me dicen que no tienen papel, toner, impresoras y otros suministros.

Pero ¿si tienen disponibilidad de efectivo?

No. Es que aparte hay una deuda de 222 millones de quetzales del aporte mensual que tiene que trasladar el Ministerio de Finanzas Públicas.

¿La baja ejecución no se debe a que no tienen flujo de efectivo?

No necesariamente, porque por ejemplo en los meses de enero, febrero, marzo estaba el dinero disponible y, de acuerdo al análisis, es cuestión de que no hay una capacidad gerencial administrativa para ejecutar debidamente, y esa es responsabilidad del jefe administrativo.

Las elecciones de magistrados de la CSJ

Se inició el proceso de elección de los magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones. ¿Usted considera que estas elecciones son clave para el sistema de Justicia?

Por supuesto. Son clave; sin duda, la Corte Suprema de Justicia tiene un rol determínate en el que hacer judicial del país. Yo espero que el proceso permita seleccionar a los mejores. Es difícil, yo sé que muchisimos abogados y abogadas quisieran participar y no se atreven, porque desafortunadamente en el país se ha utilizado la mala práctica de señalar sin pruebas. Yo sueño que algún día estos procesos se den con transparencia, pero con transparencia de todos. Por otro lado, los que llevan la peor parte son los integrantes del Organismo Judicial porque son jueces y magistrados, que han dictado sentencias y sabemos que un proceso judicial hay dos partes y siempre una de ellas pierde y otras ganan; entonces, ya los jueces y magistrados tienen la mitad en contra y en estos procesos se utiliza todo tipo de argumentos para descalificar. De acuerdo a mis cálculos, los nuevos magistrados de las Cortes de Apelaciones se llevan entre 6 y 8 meses en conocer el sistema. Entonces, siempre durante los primeros 8 meses hay un retraso considerado en la administración de justicia.

Improvisación en procesos

¿Qué hallazgos le preocupan?

Son muchos los hallazgos que me preocupan; por ejemplo, debe mejorarse el modelo de gestión, porque los fiscales de litigio en algunos casos improvisan en los tribunales y he establecido que en algunas fiscalías, no en todas, existe una especie de divorcio entre la unidad de investigación y la de litigio. En lugar de entregarle el expediente 10 o 15 días antes, se los dan el mismo día o se los dan 2 días antes o un día antes; en algunos casos, 5 días antes. Los fiscales evalúan cuál es el caso más fácil de manejar o no van a otras audiencias y se pierden las diligencias. Entonces, van a donde se sienten mejor o van a improvisar. Además, hay desorden en las fiscalías, los expedientes están en el piso, están en cajas de cartón, están en hacinamiento.

• Con experiencia Thelma Aldana lleva un mes como Fiscal General del Ministerio Público. Fue designada por el presidente Otto Pérez tras un proceso cuestionado, pero asegura que esto no le impide ¨aplicar la ley a quien sea¨. Pone de ejemplo la denuncia presentada contra el mandatario, en la cual lo señalan de promover la prolongación de su mandato; afirma que esta fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de inmediato. Aldana fue presidenta de la CSJ y magistrada en salas de Apelaciones, a las que considera “la columna vertebral de la administración de justicia”. Tiene 27 años de ejercicio profesional.