¿Por qué en Guatemala no?

RICARDO MÉNDEZ- RUIZ

Son pocos quienes bloquean las vías de comunicación durante onerosas horas, pero todos sabemos que entre ellos hay personas tan violentas como inmorales, mientras la mayoría de manifestantes viene a darse una vuelta por la capital con su día pagado, sin saber qué diantres es el Frente Nacional de Lucha, y mucho menos que quien lo dirige es el extranjero Roberto Madriz. Nos ofusca al 97 por ciento de los guatemaltecos, que las fuerzas de seguridad no utilicen el poder de coerción que les otorga nuestro ordenamiento jurídico para hacer valer nuestro derecho constitucional de libre locomoción, pero al mismo tiempo imaginamos a jefes policíacos y militares mostrándonos –con sobrada razón– su dedo pulgar entre el índice y el dedo medio, con el puño bien apretado, al recordar cuánto tiempo llevan en prisión el coronel Juan Chiroy y sus soldados, por haber disparado en legítima defensa para evitar ser quemados vivos por una de esas turbas salvajes.

La solución no está en las calles y carreteras. Las autoridades saben quiénes son los responsables de los grupos que provocan anarquía e ingobernabilidad y son ya parte del crimen organizado. Es preocupante que hayan sido miembros de la comunidad quienes el viernes pasado capturaron a varios de los ladrones de energía eléctrica, que se han convertido en una epidemia en algunas regiones del país. ¿Por qué esas capturas no fueron realizadas por las autoridades? No sería extraño que cuando usted lea estas líneas, ya esos delincuentes estén libres, porque sus abogados argumentaron que fueron capturados de manera ilegal.

Hace poco observé en un video cómo el obispo Álvaro Ramazinni, durante un mitin en Quetzaltenango –siempre en la tónica de la confrontación–, arengaba a su escaso público con la posibilidad de un nuevo enfrentamiento armado. Pocos días después la exfiscal Gilda Aguilar fue objeto de amenazas e intimidaciones verbales por parte de Ramazinni, por lo que ella procedió a denunciarlo ante el MP; todo, ante la aquiescencia de la Conferencia Episcopal. Pareciera no darse cuenta la Iglesia católica, que al permitir esa conducta por parte de uno de sus pastores, no hace más que condenar a la miseria a la población pobre, en su mayoría indígena, al negar cualquier asomo de desarrollo que pueda derivar en la industrialización del país, con su potencial cauda de grandes cantidades de empleos bien pagados, en un corto plazo.

Si en el Asia ha sido posible, ¿por qué en Guatemala no? La respuesta es obvia.