Mercaderes

PEDRO TRUJILLO

Las huestes del CUC capitanearon la invasión capitalina de la pasada semana con un ejército integrado por acarreados de todos los lugares del país. ¡Mentira goebbeliana repetitiva que son “los habitantes” de San Juan Sacatepéquez! Uno de los “líderes” reconoció, en una entrevista en Canal Antigua, que no era vecino de allí y que vivía en otro lugar, pero que la cosmovisión, bla, bla…, hacía que todos se unieran en pro de un mismo fin. ¡El cuento del bien común versión Popul Vuh! El traslado de personas pagadas —como el resto de la logística— se manifestó en su fase final en un desfile callejero en el que participaron vehículos cuyas placas estaban cubiertas con telas típicas, cartones, trapos o incluso cinta aislante. Se trataba de impedir la identificación de los propietarios de los mismos.

Las huestes del CUCcapitanearon la invasión capitalina de la pasada semana con un ejército integrado por acarreados de todos los lugares del país. ¡Mentira goebbeliana repetitiva que son “los habitantes” de San Juan Sacatepéquez! Uno de los “líderes” reconoció, en una entrevista en Canal Antigua, que no era vecino de allí y que vivía en otro lugar, pero que la cosmovisión, bla, bla…, hacía que todos se unieran en pro de un mismo fin. ¡El cuento del bien común versión Popul Vuh!

El traslado de personas pagadas —como el resto de la logística— se manifestó en su fase final en un desfile callejero en el que participaron vehículos cuyas placas estaban cubiertas con telas típicas, cartones, trapos o incluso cinta aislante. Se trataba de impedir la identificación de los propietarios de los mismos. ¿Por qué permite la PMT/PNC la circulación de vehículos en esas condiciones? ¿Cuál era la razón de preservar el anonimato? Se desvela con la fotografía de un picop blanco modelo Toyota, P-462CCY. Si contrasta la placa con el registro (vea muniguate.com), aparece que debería ser un Nissan amarillo. Es decir, hubo falsificación, robo de placa, usurpación de identidad o cualquier otro ilícito. ¿Pasó desapercibido por la Policía y los servicios de inteligencia —¡torpes ellos!— o hay complicidad o inacción? Ahora que se sabe y está documentado, ¿tomarán los responsables medidas al respecto?

Las conversaciones en Casa Presidencial —las primeras de las cuatro que se llevarán a cabo— tenían como objetivo primordial, por parte de la dirigencia bochinchera, conocer el trazado de la carretera, las fincas por la que pasará y el nombre de los propietarios que vendieron libremente sus tierras. Esas fueron las exigencias de los cuques del CUC. Pretendían —y procuran— saber quiénes son las personas que han vendido, con el riesgo que eso conlleva para la seguridad de aquellas, especialmente después de que ciudadanos sanjuaneros fueron asesinados, macheteados, perseguidos, amedrentados, linchados y amenazados, táctica similar a la utilizada en otras localidades del oeste del país por grupos de terroristas, confederados también en dizques agrupaciones “indígena-campesinas”.

Es erróneo, pueril y equivocado pensar que eso es una reacción popular natural. Aquí hay una perfecta planificación subvencionada por grupos de interés que desean subvertir el orden, condenar a la pobreza a sus compatriotas, ganar dinero de donantes serviles e interesados y generar miedo y terror. Hay un grupito (¡no los habitantes de San Juan!) que continúan rentabilizando la ayuda internacional que reciben y prefabricando un liderazgo artificial, radical y en muchas ocasiones criminal que ya ha cobrado la vida de dos personas en San Juan: señores Tepeu y Turuy, además de tres linchamientos, dos procesos más abiertos, decenas de denuncias y un condenado a 150 años de prisión. ¿Criminalización de la protesta?, no. Son delincuentes y hay que evidenciarlos como criminales, no dejarse llevar por la nuevalengua o los juegos de palabras orwellianos que emplean al más puro estilo de la novela 1984. Profesionales del crimen —por tanto criminales— carentes de otras capacidades productivas, que es preciso desenmascarar con la contundencia y claridad que ello amerita en bien del desarrollo, pero sobre todo de la seguridad de muchas personas de esas localidades. El gobierno, por su parte, debe dejar claro —de una vez— que no está dispuesto a amparar la ilegalidad ni chalanear con terroristas para ver si regalan un poco de tregua. ¡Ya está bien de babosadas, de abusadores y de irrespeto a los derechos de los demás! Esto es un chantaje consentido y una dejadez gubernamental en favor de delincuentes perfectamente identificados.