La SAT, hasta hace dos años, se mantuvo como una dependencia disputada entre corruptos y profesionales honrados y capaces, que cumplía con su trabajo y hacía su papel con ciertas deficiencias, pero sin llevar la situación a esa debacle económica, a la que se orilló por las nuevas disposiciones, la incapacidad de sus jefes, apareadas a la apertura de espacios al contrabando en las aduanas. La intervención por seis meses no mejoró. No obstante, haber puesto en los lugares de mayor movimiento, interventores militares, no fue garantía.
Con insistencia los analistas se preguntan: ¿Por qué no se comprometen con perseguir el contrabando aduanero, como la principal medida para mejorar la recaudación fiscal? Y los empresarios y comerciantes afirman: “La corrupción en las aduanas se acrecentó. Ahora si no queremos que nuestras mercancías duerman en las aduanas, tenemos que dar la mordida que se nos pide en la forma más descarada”. ¿Por qué quien dirige la SAT, en lugar de mostrarse como un funcionario que padece de megalomanía, no pone en el tapete público el poder de las redes de corrupción en las aduanas?
Es contradictorio e inexplicable que la actual encargada de supervisar la recaudación en las aduanas, sin inmutarse, admita que no mejora los sistemas por medio de controles electrónicos de operación, porque no cuenta con más de US$30 millones que hacen falta para lograrlo. Basta con pasar por las oficinas de las aduanas fronterizas con El Salvador y del norte de Honduras para darse cuenta que a las autoridades superiores no les interesa optimizar cualquier control en esas aduanas. La situación que ahí se observa es la de total abandono. Se deduce que en esos sitios el contrabando es reconocido y tiene vía libre. De lo que se vive, se observa y se paga fraudulentamente en las aduanas del aeropuerto La Aurora, ni hablemos. La discrecionalidad para presionar el botón que da luz verde, no tiene nombre. Ahora salen con que de entrada les entregarán Q80 millones, y que todos los otros que se necesiten para funcionamiento será el Gobierno quien les soltará el chorro para su funcionamiento. ¿En qué quedamos? Mucha opacidad, como dicen ahora.
No se necesita ser un versado en la materia, para comentar: En Guatemala sí hay firmas de profesionales capaces de hacer el trabajo que se le entrega a una empresa desconocida, en asesoramiento para mejorar la recaudación. Las hemos tenido por docenas. Las decisiones que se necesitan para mejorar la recaudación no son administrativas, como se argumenta, son decisiones políticas que persigan beneficiar al pueblo y no al séquito de privilegiados y protegidos con quienes las autoridades de turno no quieren enfrentarse. Se mantiene el sistema discrecional, porque es a través de ese camino que se abren todas las puertas al contrabando, al que algunos altos funcionarios, ministros y directivos prefieren unirse y proteger, porque sus réditos son jugosos, constantes e invisibles. Que no nos quieran engañar con otra.
Publicado el 20 de junio de 2014 en www.elperiodico.com.gt por Silvia Tejeda http://www.elperiodico.com.gt/es/20140620/opinion/249544/
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