Percepción de corrupción hace caer calidad institucional

Explicamos. Esta medición, que evalúa precisamente la calidad institucional de las naciones, se ve desde dos ópticas: desde las instituciones políticas y desde las entidades económicas. En este año, en materia financiera el país recibió su mejor calificación en los ocho años de existencia del índice y se ubicó en el séptimo de los 18 evaluados.

Sin embargo, en política fue todo lo contrario: obtuvo la segunda peor calificación de 2007 a 2014, y supera solo a Honduras y Venezuela, mientras empata con Paraguay (vea gráfica: Altas y bajas en la medición).

Buen apoyo
Para sus conclusiones, el índice, que en Guatemala traslada la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), toma en cuenta indicadores del Banco Mundial (BM), Transparencia Internacional y Freedom House, en la parte política, y del BM, World Economic Forum, Heritage Foundation y Fraser Institute, para lo económico.

Para qué sirve
De acuerdo con el informe, los países que cuentan con instituciones sólidas “brindan a sus habitantes más y mejores oportunidades de vida”, o un mayor desarrollo humano social.

En el caso de Guatemala, se consigna que mostraba una evolución positiva de 2007 a 2010, pero este es el cuarto año que retrocede. “Ahora bien, si desagregamos la información de cada uno de los componentes, vemos que la mayor debilidad del país se encuentra en las instituciones políticas, pesando las calificaciones deficientes en Estado de Derecho y Percepción de Corrupción”, cita.

El documento concluye que los Estados “que muestran mayores avances son los que han logrado un consenso nacional sobre el tipo de país que desean construir, lo cual impacta en las tasas de crecimiento social y económico”.

En Cifras

• 8

  informes se han presentado de 2007 a 2014; el país cae desde 2011

• Las dudas El índice ofrece recomendaciones para todos los países. Por ejemplo, en materia de corrupción pide combatir la impunidad y la malversación, así como la eliminación de pagos adicionales para autorizar permisos, licencias, contratos o fallos judiciales. En gobernabilidad, sugieren a los Estados mayor protección de la propiedad, reducción de los índices de violencia como resultado del crimen y el narcotráfico y mayor independencia judicial.