Reflexiones sobre la justicia fiscal

Ramón Parellada

Para poder responder bien a la pregunta de la justicia fiscal o tributaria comencemos aclarando para qué se necesitan impuestos. La justificación viene así. Los impuestos son los aportes obligatorios de esos recursos, de parte de los ciudadanos, que mantienen al Gobierno. El Gobierno es ese aparato social de compulsión y coerción que se constituye para garantizar un cierto orden de cosas. Este orden puede estar expresado en las leyes escritas de un país. Ese orden implica garantizar los derechos individuales a la vida, a la propiedad y a la libertad de los ciudadanos y el respeto a los contratos.

Si este orden de social que se mantiene con los impuestos es injusto, los impuestos serán injustos. He aquí una primera consideración de justicia en cuanto a los impuestos y su uso. Sin embargo, este tema casi nadie lo menciona cuando define la justicia fiscal.

Quienes abogan por más impuestos y redistribución de la riqueza consideran que la justicia fiscal tiene más que ver con una distribución equitativa de la riqueza generada y una mayor equidad en todos los espacios sociales. La política fiscal es injusta si se aleja del papel redistribuidor del Gobierno. Por eso, justicia fiscal significa más impuestos directos como el impuesto sobre la renta o mejor dicho al rendimiento del capital, el impuesto a las ganancias de capital, el impuesto a las herencias y cualquier otro impuesto que afecte directamente el patrimonio de las personas. Además, justicia para quienes piensan en redistribución y equidad significa que estos impuestos deben ser altamente progresivos en el sentido que pague progresivamente más el que más tiene. La segunda parte de la ecuación es la redistribución hacia los grupos sociales más pobres. Para ello se utiliza la ingeniería social que determinaría a quienes y donde se han de redistribuir estos impuestos o lo que queda de ellos luego de todos los costos de recaudación, manejo, estudio y redistribución.

Ahora bien, en Estados Unidos se calculaba que se devolvía a la ciudadanía el 40 % de lo recaudado. Todo lo demás era para mantener la burocracia, recaudar impuestos, fiscalizar, auditar, estudiar dónde asignar esos impuestos o lo que queda, corrupción, etc. Ya me imagino en Guatemala lo que queda… George Gilder en su libro Riqueza y Pobreza cuestionó con ejemplos claros las políticas de redistribución y ayuda a los pobres denunciando el peligro moral por las consecuencias no intencionadas de dichas medidas.

Pero, en términos de justicia, los impuestos directos y progresivos resultan injustos en cuanto vemos que son un desaliento a las ganancias y por lo tanto disminuye la tasa de inversión o reinversión de más capital por lo que reduce la creación de riqueza y disminuye las oportunidades que tanto buscamos para que los más pobres puedan mejorar su nivel de vida. En otras palabras, los impuestos directos y progresivos son un castigo a la eficiencia. Al reducir las reinversiones de capital frenan el incremento de salarios reales y la creación de más puestos de trabajo porque frenan el incremento de productividad.

Si al final lo que buscamos es una sociedad en la que todos puedan mejorar su nivel de vida, estos impuestos directos y progresivos son una contradicción, son injustos y dañan más a los más pobres.