Nos endeudan para el despilfarro

Los funcionarios se burlan de los diputados que los cuestionan, mientras las mayorías que dominan el Congreso de la República les avalan, sin prejuicios, cada millonario préstamo que exigen, como ya se ha denunciado, sin que algún ente fiscalizador accione en contra de tan magnánimos abusos. La mancuerna del autoritarismo contemporáneo –gobierno, PP y Lider– allana ahora las vías para aprobar un nuevo préstamo al BCIE –Banco Centroamericano de Integración Económica-–, por Q10 millardos 660 millones. Nada para inversión, sino para financiamiento de gastos de operación y pago de deudas viejas y sus respectivos intereses. Así, el maridaje con los perpetuos contratistas se afianza y se recompensa.

Ahora, cada ministro, director o interventor gasta el presupuesto como más beneficioso le parece. La burla a las leyes del país por los vericuetos de los reglamentos institucionales estimulan el robo enmascarado, que oficializan los dirigentes cínicos, quienes pretenden ignorar en qué áreas de las necesidades de los guatemaltecos debiera emplearse el dinero que reciben del pago de los impuestos. Decisiones políticas que ensanchan el nuevo sistema de impunidad y menoscaban el mejor futuro del país.

Es patético que en el ministerio de Gobernación –tan solo un ejemplo– se cobije a miembros del cartel de la Charola, mientras se argumenta que se hacen gastos millonarios –Q291.7 millones, para fortalecer a la PNC–; es perverso e inhumano que se justifique la compra de medicamentos por millones, mientras se apaña a las bandas que se roban las medicinas para venderlas en la calle y mantener desabastecidos los hospitales, y a los enfermos abandonados a una evitable muerte. Negociar con la salud de un pueblo debiera ser considerado el más infame de los delitos.

Mientras nos endeudan más, la sangría impune no se detiene. Impresionan las decisiones de algunos funcionarios, de este gobierno, cuando licitan sus compras a precios superiores de los del mercado. El más “prepi” de todos es el interventor de la Portuaria Quetzal que sirve al entreguismo de lo poco rentable que había en Guatemala. Y saca su imagen de descaro justificando que ha gastado Q309 millones sin licitar, porque se basa en el reglamento interno de la institución que hasta le permite terciar en negocios con particulares, que dice él, no tienen relación con los ingresos del Estado. Y qué decir de las afirmaciones de la autoridad aduanal que declara que, para poner a funcionar las aduanas se necesitan Q30 millones, que por ahora no tiene la dependencia, mientras altos y bajos funcionarios de aduanas se hacen de la vista gorda para legalizar el contrabando millonario de precursores, mercaderías, gasolina, drogas, etcétera, que pasan día a día por todas las aduanas del país.

Todos ellos transmiten que: nada los puede detener, por el poder de la corruptela: ni el Congreso de la República ni la Contraloría de Cuentas ni la Corte de Constitucionalidadni el Ministerio Público ni los tribunales castigan a los funcionarios venales. No lesionan, ni cuestionan ni inspeccionan ni sancionan a cualquier gavilla de poderosos de turno que esté saqueando fondos a granel. El sistema de justicia, cuando alguien osa someterlos, les impone multas de centavos y los deja más libres. No nos engañemos, caímos en el poder de la oligarquía que succiona sin escrúpulos el dinero que pagamos al Estado y endeuda a nuestros hijos hasta la tercera generación. ¿O no?