CICIG y Naciones Unidas piden revisión de Ley de Comisiones de Postulación

En un comunicado conjunto, las tres instancias propusieron que en los próximos procesos de postulación para la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y Contraloría General de Cuentas pese más la calificación obtenida por los candidatos y no el criterio de los integrantes de las diferentes comisiones.

Además solicitaron expresamente que se concluya la revisión de la Ley de Comisiones de Postulación, y que se respeten las fechas indicadas en el cronograma para “garantizar la certeza jurídica y la transparencia en estos procesos”.

También recomendaron que se aplique el Punto 10 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas, relativos a la independencia de la judicatura, que detalla que: “las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas”.

En el comunicado conjunto también se solicitó que el voto de cada integrante de las comisiones “sea de forma pública, expresa y clara”, y que tomen en cuenta el perfil y los contenidos de la entrevista realizada a cada aspirante.

“Con el fin de coadyuvar al fortalecimiento del Estado de Derecho y al trabajo que realizan las y los postuladores, CICIG elaborará una propuesta de manual de procedimiento para las Comisiones de Postulación, la cual someterá a consideración de sus miembros”, subrayaron en el comunicado.

Reacciones 

A juicio de la diputada Nineth Montenegro, se violó la Ley de Comisiones de Postulación en el caso de la elección del Fiscal General, ya que “la ley es clara en el sentido de escoger a las personas mejor calificadas por sus méritos éticos, académicos y su labor social”, por lo que consideró que la lista de seis candidatos que se le presentó al presidente Pérez Molina fue elegida “de forma arbitraria”.

De igual forma, la Fundación Mirna Mack señaló que de nada sirve que los aspirantes a estos cargos se sometan al escrutinio público, ya que al final la nómina elegida obedece a la subjetividad y “al tráfico de influencias de poderes públicos o fácticos”.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, se mostró conforme al señalar que en la misma ley se deja a criterio de los comisionados la integración de la nómina final: “Son decisiones que entendemos que son políticas, porque la ley permite que el punteo sea solamente una referencia, porque dice que la integración de la nómina se da con el voto mínimo de las dos terceras partes”, apuntó.