Los costos de la desidia y la impunidad

El subdesarrollo del país en la cobertura de sus principales obligaciones, como es la seguridad, la infraestructura, la salud y la educación, se atribuye comúnmente a la falta de recursos del Estado, sin ponderarse que el verdadero culpable es el constante despilfarro de los millones invertidos de mala manera o en burocracia innecesaria e inoperante.

Los guatemaltecos, ocupados en rencillas ideológicas y el afán exacerbado por hacer prevalecer nuestra visión del Estado que queremos, ya sea de un sistema que favorezca el óptimo ejercicio de la libertad, o conforme al ideal distributivo de un Estado benefactor y de grandes dimensiones, hemos aceptado el mal uso de nuestros tributos.

Sucede que los primeros valoramos el potencial individual para responsabilizarnos de nuestra propia existencia, estando dispuestos a asumir el costo implícito de proveer cada quien sus propias necesidades, así como asumir las consecuencias de las propias decisiones.

Mientras tanto, los segundos prefieren sacrificar ese ejercicio de la libertad a cambio de que se les ofrezca cobertura a todas las necesidades, e ignorando el precio a pagar: la dependencia hacia ese monstruo que a cambio de proveer gratuitamente las necesidades básicas, anula el ejercicio de un criterio personal y controla las decisiones de los ciudadanos reduciendo la libertad a aquello que no estorba al poder de turno.

En fin, el hecho es que ocupados en la batalla por el predominio del sistema que responda a nuestros deseos, hemos ignorado la ineficiente gestión de los órganos de control del gasto estatal, que por décadas han mostrado total negligencia, manteniéndose a lo largo de los años la más absoluta impunidad al enriquecimiento ilícito, las contrataciones de mala fe, y el irresponsable descuido en el mantenimiento de la infraestructura (escuelas, hospitales, carreteras), todo lo cual ha implicado tirar al basurero millonarios montos invertidos en servicios que solo sirven en el corto plazo, ya que la falta de mantenimiento deja deteriorar las obras hasta resultar inservibles.

Hemos dejado de lado la exigencia para una rendición de cuentas de las altas autoridades, y estamos enfrentados a un sistema en el que no pesa la inoperancia y la falta de responsabilidad de los gobiernos.

Ciertamente, mucho tiene que ver con la tan señalada falta de continuidad de los mandos medios y las indefinibles políticas de Estado; pero también mucho es provocado por ese afán politiquero de destruir las obras de los antecesores y desgastarlos políticamente, aun a costas del daño a la Nación y a su pueblo.

Un caso que da grima es el del Aeropuerto Internacional La Aurora, que luego de la remodelación promovida por el gobierno del licenciado Óscar Berger, fue terminada a finales de 2008, pero bajo argumentos espurios el gobierno del ingeniero Álvaro Colom dejó el proyecto a la deriva, sin importar cuánto ya se había invertido en mejorar sus instalaciones y tampoco en aprovechar aquella potencial modernización que facilitara una acogida cómoda y atractiva a nacionales y extranjeros.

A lo anterior se suma la reiterada información pública sobre el despilfarro en compras diversas, las concesiones y contratos lesivos que luego se revierten, carreteras inconclusas, la mala calidad de las obras, etcétera. Las compras sobrevaloradas, alquileres de inmuebles o equipos a precios que por mucho superan los montos a erogar por la compra de los mismos bienes. ¿Quién paga costos? ¿Quién gana con la contratación?

Si tan solo se actuara con integridad y eficacia, cuánto más progreso tendría nuestra nación.