Ausencia de Supervisión

Sin duda, la deficiente o nula supervisión de los trabajos da lugar a este tipo de irregularidades y anomalías, que redundan en obras sobrevaloradas, inconclusas, deficientes o no realizadas, cintas asfálticas que tienen una vida útil extremadamente limitada y exigen reconstrucciones o remiendos antes de lo previsto, etcétera. Esto, claramente, supone un costo en infraestructura física bastante mayor o excesivo para el Estado.

Por supuesto, los costos adicionales o sobrecostos son financiados con los impuestos que pagan los ciudadanos (a quienes los militantes tributarios esquilman constantemente con más tributos) o con más endeudamiento público; sin embargo, la calidad de los trabajos es bajísima, muy mala, al extremo que en las carreteras los mismos baches o fracturas resurgen cada invierno, o las obras tienen que ser reconstruidas en el corto plazo.

Durante el Gobierno presidido por Álvaro Arzú (1996-2000) se optó por desmantelar la infraestructura de supervisión del Estado, bajo el argumento de que era tremendamente ineficiente. Se sustituyó por la modalidad de la delegación de la supervisión en empresas privadas, a través del sistema de contrataciones del Estado. El resultado fue que muchos contratistas crearon empresas de supervisión para que les fueran adjudicados los contratos. Es decir que muchos contratistas lograron “autosupervisarse”. Por tanto, se cayó en la no supervisión de los trabajos, lo que convalidó el despropósito.

Por consiguiente, se violó el principio elemental de Administración Pública que reza: Delegación (contratación de obra) con supervisión. No sorprende entonces que la calidad de la obra pública se haya desplomado. En muchos casos se degradan los materiales empleados, los trabajos no se realizan (por ejemplo, muchos dragados de ríos) o quedan inconclusos, se entregan menos metros o kilómetros de construcción de carretera que los efectivamente contratados, los atrasos y demoras se han vuelto comunes, etcétera.

También se cayó en la contratación sin asignación presupuestaria, que incluso se consignó en los respectivos contratos, dando pie a una ilegalidad descarada. El resultado fue un aumento descomunal de la denominada “deuda pública flotante”, que, además de ilegal, no está debidamente justificada.