La Sala 13 Baktun, buen o mal negocio para el Estado

 El Aeropuerto Internacional La Aurora se ha quedado pequeño. Ya no hay más locales para las empresas y el espacio disponible para los hangares se agotó.

Ante esto surgen dudas sobre los beneficios que traerá el arrendamiento de un terreno de 2 mil 800 metros cuadrados contiguos a la terminal área a Ciro Enrique Ordóñez Levy y su empresa Acero+Concreto, para que construya y opere la nueva sala de espera de pasajeros 13 Baktun, por un plazo de 15 años.

Donación o negocio

Cuando el presidente Otto Pérez visitó la obra, el 24 de febrero pasado, se anunció que la Sala 13 Baktun sería una donación a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y que el constructor recuperaría su inversión con la construcción de los locales.

“Al Gobierno no le está costando un centavo, no es una concesión; la empresa termina la construcción y luego la trasladará a Aeronáutica, y esa dirección se encargará de realizar los cobros a cada empresa que esté en los locales, con un contrato de 15 años”, declaró.

Sin embargo, lo que autorizó Jair Samayoa, interventor de la DGAC, fue arrendarle el terreno por 15 años plazo (hasta el 31 de enero de 2029) a Ordóñez Levy, a cambio de una tarifa de Q3.92 por metro cuadrado (Q10 mil 976 mensuales incluyendo el IVA), según el Contrato número 1 firmado el 6 de enero de 2014, un mes antes de la visita.

Esta tarifa es similar a la que pagan los hangares privados. La DGAC consideró el espacio que ocupa la Sala 13 Baktun como área adyacente a la zona terminal, y no como parte de la misma, pese a que esta se conectará y será la nueva ala por donde arribarán los pasajeros.

Además, el uso del área será comercial no para hangar; para esto el Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado contempla una tarifa de Q100 por metro cuadrado para tiendas comerciales, de Q400 por metro para bancos y casas de cambio y Q250 por metro para espacio publicitario.

Ordóñez Levy construirá y arrendará 28 locales a bancos, cafeterías, joyerías, farmacias y restaurantes de comida rápida, que pagarán una reserva de hasta US$70 mil, un aporte monetario o en especie para construir la sala, así como una renta fija mensual en dólares.

Las últimas empresas que consiguieron un local en La Aurora pagaron un derecho de explotación de entre US$2 mil y US$70 mil, una renta fija mensual de US$20 (Q150) por metro cuadrado y una renta variable, un porcentaje de participación de sus ventas brutas mensuales entre el cinco y el diez por ciento.

Cuestionado sobre  el arrendamiento, Samayoa afirmó que evalúan actualizar el reglamento tarifario, y cuando la Sala 13 Baktun entre en operación, en mayo, podrían elevar la tarifa a Q100 por metro cuadrado (unos Q280 mil al mes).

Cuestionan beneficios

“El Congreso sigue alquilando a US$10 por metro cuadrado en la zona 1; me parece ridículo que al Estado le paguen Q3.92 el metro cuadrado en esas condiciones; además, en 15 años la infraestructura estará obsoleta”, opinó el diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Legislativo.

“Me parece un contrato leonino para los intereses del Estado y que lo único que genera es la posibilidad de aprovechamiento y enriquecimiento de dos o tres personas”, agregó Pop.

El mismo Pérez Molina solicitó en febrero a Samayoa hacer una revisión “minuciosa” al tarifario de los hangares, debido a que pagan cuotas muy bajas y ocupan lugares “preferenciales”. Explicó que muchos hangares los han convertido en oficinas o hasta bodegas. El reordenamiento de todos los hangares deberá ser presentado en no menos de 15 días, afirmó; casi  dos meses  después  aún  no se aprueba un nuevo tarifario.

Otto Pérez: “Vamos a revisar si todo está transparente”

En un principio calmado y por ratos molesto, el presidente Otto Pérez ofreció ayer esclarecer el arrendamiento del área que ocupa la Sala 13 Baktun a Ciro Ordóñez Levy, un empresario que fue administrador de Helechos del Monte, S. A., propiedad de Gustavo Herrera Castillo, sindicado de estafar Q238 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003, y señalado por el actual mandatario de tener vínculos con el narcotráfico.

El mandatario afirmó que por la tarde se reuniría con “una de las personas que conoce a detalle el contrato, cómo fue adjudicado,  cuáles son  los costos y cuánto se va a cobrar”.

Además, Pérez pidió a la Comisión de Transparencia de la Vicepresidencia que verifique que todo esté en orden en la negociación entre Aeronáutica Civil y Ciro Ordóñez Levy.

“Me imagino que la Contraloría General de Cuentas hará también la parte que le corresponde”, agregó.

El Presidente se molestó al consultarle sobre la relación entre Gustavo Herrera y Ordóñez Levy, además de que este también es gerente general de Arriola Ingenieros Contratistas, S. A. (Arrinco), una constructora involucrada a la estafa del IGSS y vinculada a los hermanos Salán Sánchez.

 “Aquí no hay un centavo invertido del Gobierno, nosotros vamos a revisar si todo está transparente. Si las cuotas que se están cobrando son las adecuadas, si no son las adecuadas vamos a sancionar a las personas que haya que sancionar”, señaló Pérez, quien negó cualquier vínculo con Gustavo Herrera, señalado de ser operador del Gobierno en las Comisiones de Postulación para elegir al Fiscal General y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“No me estoy robando ningún centavo, ni nadie de los que están cerca de mi se está robando ni un centavo en eso, es lo que debe quedar claro, y por favor transmítalo”. 

 Otto Pérez, presidente.