El jueves pasado los jefes de bloque se reunieron con las ministras de Finanzas y de Educación, para conocer las razones de los cambios a la ley.
El Partido Patriota (PP), por instrucciones del Organismo Ejecutivo, mantiene el pulso para implementar reformas a la Ley de Presupuesto que le permitan agilizar los procesos de contratación y adquisición, sin respaldo financiero. Esto, a pesar de que la ley mencionada fue enmendada a finales del año pasado por el Congreso para evitar esta disposición y evitar la deuda de arrastre.
La semana pasada, la bancada oficial trató de reformar la norma legal a través de una iniciativa de ley para regular los obstáculos en las carreteras del país. Esta maniobra fue calificada de fraude de ley por los diputados opositores.
La propuesta del PP es regresar a las compras y contrataciones, sin que se cuente con los recursos en el momento del proceso de adquisición. Es decir, es un compromiso de pago a futuro, un crédito. Este mecanismo es conocido como deuda flotante o de arrastre.
En contraposición, los analistas recomiendan que se continúe con la normativa aprobada en 2013, ya que significaría que los procesos de adquisición tendrán que realizarse con el respaldo del dinero en la caja de cada entidad. Este proceso es equivalente a utilizar una tarjeta de débito, según explicó Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ya que la institución que necesita un bien o servicio debe contar con recursos para efectuar la transacción.
“Si el propio Ministerio de Finanzas ya había emitido criterios técnicos para la aplicación y estaban adaptándose para la implementación del sistema, quiere decir que sí se puede cumplir con este mecanismo”, indica Barrientos.
Los diputados de oposición aseguran que este tipo de cambios beneficiarían más al Ministerio de Comunicaciones, el principal ejecutor de obra gris. Sin embargo, los patriotas aseguran que los candados impuestos al Presupuesto no les permiten contratar empresas para nuevas obras o adquisiciones.
Los cambios en la ley son desaprobados por Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, quien identifica el motivo como electoral. “Todos sabemos que el gobierno quiere posicionarse electoralmente distribuyendo recursos”, señaló.
El analista Renzo Rosal, de la Universidad Rafael Landivar, indica que la aceptación de la enmienda significaría la superioridad del Ejecutivo sobre el Legislativo. “Se prueba la utilización de la bancada oficial y las afines para que respondan a las maniobras del Ejecutivo, es decir que el Congreso está supeditado a él”.
 |
No Responses