Encuesta: Inseguridad es el gran problema

Este año la novedad es que 2 por ciento de los guatemaltecos menciona como problema las extorsiones, pero también la corrupción. Eso, pese a que el 2013 fue designado por el Gobierno como el “año de la transparencia”.

Según la Encuesta Libre, elaborada por Prodatos para Prensa Libre, que evalúa el segundo año de gobierno del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, tres grandes problemas económicos afligen a la población: el alto costo de la vida, el desempleo y la pobreza extrema, aunque 1 por ciento también añade sueldos bajos.

Si bien bajó siete puntos porcentuales respecto de la medición sobre el primer año de gobierno, la inseguridad se mantiene como el principal problema del país.

Analistas consideran que se reconoce que el Gobierno ha emprendido esfuerzos en esa materia, pero mientras no se perciba un cambio sensible en seguridad y, sobre todo, en el combate de la delincuencia común, la violencia continuará como primera dificultad en la percepción ciudadana.

Promesa

Según la politóloga Jennifer Brol, la gestión de Pérez Molina será evaluada en todo su período por los resultados en materia de seguridad, no solo porque fue la principal promesa de campaña, sino porque es el mayor temor para la población.

“Debemos darle a ese 52 por ciento una lectura de temor, incertidumbre y zozobra a sentirse presa fácil y a ser víctima de un acto delincuencial a cualquier hora y en cualquier parte”, expresó la analista.

Con ella coincidió Carlos Martínez, economista y jefe del área socioeconómica del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).

“La gente anda con mucho temor en la calle, en el transporte público y en vehículo; es decir, no hay área de la vida humana y social que no esté afectada por la seguridad. Cualquier campo, los que acuden a estudiar, al trabajo, a divertirse y a hacer trámites. Hay una alta percepción de la inseguridad”, afirmó Martínez.

Como era de esperarse, la región metropolitana y los centros urbanos de la provincia reportaron la inseguridad como su primera preocupación, con más del 50 por ciento.

Para Brol, el mayor problema de la seguridad en el área urbana y la rural aún son los delitos contra el patrimonio, la extorsión y el crimen organizado, pero también resaltó la necesidad de reducir la tasa de homicidios.

“La inseguridad en el interior urbano nos dice que afrontamos una situación de crisis favorecida por la falta de apoyo e infraestructura policial, así como los procesos de inteligencia civil que se encuentran actualmente muy debilitados, y a esto le agregamos la concentración de grupos criminales en estas áreas, donde se han apoderado del control territorial”, agregó la analista.

Prevalece carestía

En las tres áreas —región metropolitana, interior urbano y área rural—, algún problema económico fue mencionado como otra dificultad; en segundo lugar detrás de la inseguridad, ya sea el desempleo o el alto costo de la vida.

Al contrario de la inseguridad, los problemas económicos subieron en las menciones de la población respecto de enero del 2013.

Martínez, del Ipnusac, apuntó que el año recién pasado fue sensible el incremento de los precios de alimentos básicos y servicios básicos, como combustibles para el hogar, que incluyen el propano y la electricidad.

En cuanto al desempleo, hizo ver que hay dos déficits: que la medición del Instituto Nacional de Estadística no fue “efectivamente realizada”, por no reflejar la realidad del país, y que miles de jóvenes se incorporan al mercado sin encontrar una oportunidad laboral.

“Hay un mal diagnóstico de las autoridades económicas del impacto de la crisis internacional, y por eso no hubo medidas para contrarrestar ese impacto. También hubo una afección severa de la roya del café y, aparte, los problemas que se originan en el Corredor Seco. Por eso se incrementó más el costo de la vida y la pobreza se ha ampliado”, explicó Martínez.

“Esto puede ser una cuestión de percepción”, indicó Nicholás Virzi, consultor económico, al considerar que los dos puntos porcentuales que subió el número de población que menciona como principal problema la economía “está dentro del margen de error”.

“El Banco de Guatemala (Banguat) dijo que íbamos a tener una meta de inflación del 5 por ciento, más o menos uno —en el 2013—. Es decir, la banda va del 4 al 6 por ciento, y el año cerró muy cerca del 4 por ciento. Entonces, los costos de la vida no subieron tanto. La inflación en el país fue moderada”, explicó el economista.

Virzi agregó que la pobreza extrema es un factor estructural de la economía guatemalteca, que “escapa del control” de un gobierno durante cuatro años.

“El costo de la vida es válido para los pobres, pero eso no quiere decir que hemos tenido una alta inflación, dado que la inflación observada está en la parte inferior de la banda prevista por el Banguat. Eso refleja un buen desempeño de una política monetaria conservadora”, añadió el consultor.

Corrupción

La palabra “corrupción” fue señalada por el 3 por ciento de la población encuestada, la que no había sido mencionada cuando se hizo la medición al cumplir el primer año el gobierno patriotista.

Según analistas, las autoridades priorizaron la transparencia, pero solo en discurso, y hacen caso omiso de los señalamientos de corrupción en los medios de comunicación.

A juicio de Brol, el Gobierno no puede ser fiscalizado por sí mismo nada más, y lamentó que el país retrocediera en esta materia en el índice presentado por Transparencia Internacional en el 2013.

“El desencanto de la población respecto de los funcionarios y la percepción del interés individual sobre el interés colectivo sigue incrementando los rumores del enriquecimiento ilícito y procedimientos unilaterales” de estos, añadió Brol.

El economista del Ipnusac señala que la explicación está en que durante el segundo año de gobierno la ciudadanía está más consciente de que ese flagelo repercute negativamente en la gestión pública, y sabe que los recursos consumidos en la corrupción pudieran dirigirse para afrontar problemas básicos, como la seguridad y la protección social.

“Ha habido una percepción generalizada de que la administración pública ha tenido un comportamiento poco transparente”, comentó Martínez.