Comisiones de Postulación

Las famosas Comisiones de Postulación, piedra angular en la estructuración jurídica del Estado, terminaron siendo el ejemplo más grave de la atrofia institucional que sufre Guatemala. Las buenas intenciones que inspiraron a los grandes juristas y constitucionalistas de mediados de los años ochenta, dieron paso a uno de los sistemas más opacos, corruptos y oportunistas que hoy existen dentro de la estructura jurídica y operativa del Estado. En aquel entonces se creyó que un sistema de designación de funcionarios basado en la reconocida honorabilidad de autoridades académicas de la Usac, de representantes de universidades privadas y de los colegios profesionales sería capaz de evitar que las mafias capturaran el Estado. Era imposible prever en aquel entonces que el sistema que se estaba creando terminaría siendo la más eficaz maquinaria para garantizar el ascenso y consolidación de las mafias al poder. Consecuencias no intencionadas de una arquitectura institucional basada en las personas y no en las reglas del juego; en la discrecionalidad y no en la limitación del uso del poder; en la individualización y particularización de las decisiones en lugar del uso de criterios abstractos y generales de decisión. 

 

La experiencia que hoy se vive con las “postuladoras” es producto de pretender organizar el Estado en torno a la honorabilidad y magnanimidad de las personas en lugar de reglas generales y abstractas de observancia universal. Lo cual no quiere decir que los valores morales y los altos ideales no sean necesarios, sino que en asuntos políticos siempre es importante regular y limitar el uso arbitrario del poder, independientemente de las características personales de quienes lo detentan. Creen, tal y como hicieron los constituyentes en su momento, que descansar en el criterio de personas honorables y de reconocido prestigio como integrantes de Comisiones de Postulación, es un sustituto del control al uso del poder, resultó en una grave equivocación. En el mejor de los casos, resultó ser una salida fácil para un problema mucho más complicado: el uso arbitrario del poder en los cargos que se eligen mediante el referido mecanismo. La solución de fondo no radica en mejorar el sistema de designación a determinados cargos públicos, sino en limitar y regular el uso del poder en los cargos sujetos a tal sistema de elección. En esa medida, menor será el interés de cualquier grupo de presión, mafia o partido político en capturar tales cargos.

Publicado el 11 de enero de 2014 en www.elperiodico.com.gt por Editorial El Periódico 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20140111/opinion/240784/

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