Fantasías animadas

y es reprensible que varios partidos, incluido el oficial, no tienen tampoco respeto por la figura presidencial cuando esta acude al Congreso. Por si ello no fuera suficiente, la Secretaría de propaganda populista de la Presidencia termina de trastocar la finalidad del Informe y del acto de rendición de cuentas, convirtiéndolo en una payasada mediática, en un mitin de campaña y en una caricatura que narra hazañas y proezas que no resisten generalmente el escrutinio público.

Pero detrás del circo de cada 14 de enero, pervive el Informe. Yo quiero rescatar la importancia del mismo y de su valor para la sociedad. Con él, el propio presidente de la República oficializa y declara como verdad al menos una parte del actuar de su administración. Es, por tanto, un documento de Estado con todas las implicaciones legales, políticas, sociales e históricas que entraña.

Para hacer un buen informe hay que tener un buen plan de gobierno. Ningún partido, a la fecha, ha cumplido con ese requisito. Monitorear su cumplimiento a través de estos Informes es, por tanto, casi imposible, menos en un gobierno que —entre que gana la elección y asume la Presidencia— tiene la plasticidad de trocar su “Agenda del Cambio” por cuatro pactos mediáticamente empaquetados, que a saber con quién firmó.

Terminan por ello, estos Informes, siendo recuentos más o menos inteligentes de las acciones realizadas, organizada la información según el eufemismo de moda (ejes, pilares, pactos), pero con limitada capacidad de análisis y contraste entre logros y pendientes; mucho menos de autocrítica que permitiera medidas correctivas. Aún así, al menos, son un registro oficial de lo actuado. Caso contrario, luego de cada administración quedaría muy poca evidencia de su paso.

Un buen informe necesita contar, además, con sistemas de información sólidos preexistentes, técnicamente construidos y confiables, que den cuenta en tiempo real de los datos que registra el sector público. Cada vez hay menos de eso; basta entrar a la página web de cualquier ministerio o secretaría para ver que no exagero. Además, somos un país sin censo actualizado, sin encuestas periódicas de hogares, ni de empresas; con reticencias a cumplir con el libre acceso a la información, y sin academia que se dedique a la investigación independiente sobre políticas públicas: ¿cómo saber si los datos del Informe son reales y, sobre todo, confiables? Ni siquiera la propia Segeplán tiene capacidad para verificar lo que aseveran las demás entidades. Hacer el Informe es, de alguna manera, un acto de fe por parte de la entidad.

Finalmente, ningún instrumento sirve si no se le usa. Una labor seria de fiscalización por parte del Congreso debería partir de constatar lo que asevera este Informe. Es tan clave como expulgar los datos del SIAF y Guatecompras.

Si seguimos sin aprovecharlo, tendría razón el presidente de no querer asistir al Congreso a rendir personalmente el Informe; bien sabe a estas alturas que las fantasías animadas venden mejor por radio, prensa y televisión.