JORGE JACOBS A.
En el gobierno habitualmente realizan de manera acelerada compras inútiles y sobrevaloradas durante el último par de meses del año. La explicación es el ya lamentablemente famoso argumento de la burocracia: “Si no nos gastamos todo el presupuesto, el año entrante nos darán menos”. ¡Es ridículo que los tributarios tengamos que cargar no solo con la ineficiencia de la burocracia, sino además costear sus estupideces! Según una nota de Prensa Libre de hace unos días, en los meses de noviembre y diciembre inicia una “carrera” por gastarse los recursos de los tributarios. No importa en qué. No importa cómo. No importa si es útil o no. No importa que se despilfarre. No importa que la mitad se vaya en corrupción. Lo que importa es no aparecer como “malos ejecutores”.
La misma contralora General de Cuentas indica que “Cuando una institución no ejecuta su presupuesto, este se reduce o no le dan asignaciones; entonces, lo que hacen es pretender —en los últimos meses— agotar el presupuesto y asignaciones, para no ser mal vistos porque no fueron buenos ejecutores”.
De ahí que en este par de meses compran computadoras, impresoras, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, estufas, microondas, papel, tinta, vales de gasolina y, por supuesto, asesorías. Todo con la única razón de justificar su “buena ejecución”. Y no se crea que son centavos. Pueden llegar a ser cientos de millones de quetzales los que se despilfarran en esta tonta y absurda carrera.
¿Cómo resolver esta situación? Es claro que el problema es de incentivos mal puestos. En pocas palabras, el sistema está hecho para fomentar la irresponsabilidad y la carrera del despilfarro. Lo que hay que hacer es cambiar esos incentivos. Creo que se puede hacer de manera temporal sin siquiera cambiar ninguna ley. Solo se necesita una decisión de los políticos. Pero eso sería de manera temporal. Para que funcione en el largo plazo hay que incorporarlo al sistema, es decir, dejarlo establecido en las normas para que su continuidad no dependa de la decisión de los políticos de turno.
Es como en el caso del Congreso. Si se califica a los diputados por la cantidad de leyes que hayan propuesto, veremos —como de hecho lo hacemos— cualquier cantidad de mamarrachos de legislación presentados con el único fin de que los diputados salgan mejor calificados.
¿Y cuáles incentivos hay que cambiar? Los incentivos —reales o figurados— que establecen como algo bueno gastarse todo el dinero, indistintamente de la forma y en qué se gaste, y como algo malo no gastarse el dinero. Hay que darles la vuelta para que lo “bueno” sea ahorrar la mayor cantidad de recursos y lo “malo” sea gastarse todo el dinero presupuestado. Yo pondría una norma por medio de la cual se califica mejor a las dependencias mientras más ahorren en la ejecución presupuestaria y que la cantidad en la que pueden incrementar su presupuesto para el año siguiente dependa directamente del ahorro. Incluso me atrevería a proponer que un porcentaje de los ahorros obtenidos se repartan entre los trabajadores de la dependencia. ¿Cree que los tributarios nos ahorraríamos muchos millones de quetzales de esa manera?
Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día jueves 12 de diciembre 2013.
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