Ante la campaña de los partidos

Conforme ha pasado el tiempo desde cuando en 1984 comenzó la vigencia de la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, las agrupaciones que postulan candidatos a los diversos puestos de elección popular han comenzado en forma indirecta las campañas electorales. De hecho, la Ley no se ha cumplido a cabalidad en este aspecto, y en realidad ha sido burlada, porque las vallas publicitarias con los mensajes supuestamente para promover la participación ciudadana son idénticas a aquellas utilizadas para llamar al voto.

Sin embargo, nunca como en esta ocasión los partidos se habían lanzado a desafiar la autoridad del TSE, que por cierto realmente es un tigre de papel, porque en la práctica carece de la fuerza para imponer la disciplina. Sus multas son en realidad simbólicas y las declaraciones de sus autoridades no provocan preocupación entre los políticos. Debido a ello, el país se encuentra de hecho en plena campaña política, a la vista de todos, cuando faltan 21 meses para la primera vuelta de las elecciones generales.

En ese escenario de desorden, se ha comenzado a hablar de cambios en la mencionada ley, sobre todo en lo referente a la adquisición de propaganda en los medios audiovisuales. Las condiciones no están claras, pero es fácil deducir que sus cambios pueden tener aparentes buenas intenciones, pero que en la práctica beneficiarán a determinados grupos, y los contratos pueden depender de funcionarios relacionados con los partidos políticos que tienen vinculación con la mayor autoridad electoral.

Por simple lógica, la rebelión de los partidos contra la ley respectiva constituye una evidente prueba de que al llegar al poder actuarán de igual manera con el resto del andamiaje legal del país, dentro de los organismos Ejecutivo y Legislativo. Si a eso se agrega el afianzamiento de la politización de la justicia, se evidencia que el país ya está a pocos pasos de la debacle y de la fuerza bruta como única arma útil que queda a los ciudadanos cuando se sienten afectados de cualquier forma en sus legítimos intereses.

Las campañas adelantadas e ilegales no nacen solas, ni son el resultado de la decisión de alguien de poca o mediana jerarquía dentro de las agrupaciones. Todo lo contrario: emanan de órdenes directas, lo que se puede entender con facilidad a causa de la tradicional organización interna partidista guatemalteca. Ello es lo más preocupante, en realidad, porque demuestra que la dirigencia política nacional considera a la ley como un factor de fácil evasión, lo que se complementa con la certeza de la impunidad. En esa forma, los partidos y los políticos se convierten en verdugos de la democracia.