Barril sin fondo

Cualquier monto es mucho, por la ineficiencia del gasto.

El problema del proyecto de Presupuesto público 2014 no es el monto, sino su débil soporte tributario. Con Q70 millardos el gasto público seguiría rondando el 15 por ciento del PIB, que es apenas la mitad del promedio del gasto público en relación al PIB en Latinoamérica. Regatear entonces el techo presupuestario es tomar el rábano por las hojas.

 Sin una reforma administrativa profunda del aparato público, cualquier monto va a sonar exorbitante por la ineficiencia del gasto. El síntoma más inquietante de la ruina del sector público es su creciente incapacidad de recaudar tributos y, por otro lado, gastar con racionalidad en las prioridades de, al menos, el programa de Gobierno; además, cualquier compra se ve con recelo, sea por el mecanismo de excepción (que ya es regla) o por el procedimiento ordinario de la Ley de Compras y Contrataciones. Es un recelo que se exacerbará en las próximas semanas, cuando el Gobierno acelere el ritmo de gasto y la improvisación.

 Ahora bien, no es lógico que al segundo año de una reforma fiscal el peso de los tributos en los ingresos del Presupuesto disminuya (aunque sea un punto), pues, al contrario, es cuando debe comenzar a rendir. Así que caben estas explicaciones: a) la “actualización tributaria” de febrero 2012 estuvo mal diseñada y es un fracaso; b) la autoridad tributaria de plano es ineficaz y se ha enajenado hasta volver irreconocible su misión, o, c) la mezcla de las anteriores.

 Sin más instrumentos de gestión, el Gobierno se ha lanzado a otra gravosa aventura: contratar deuda, no precisamente la más barata, acercándonos al umbral de insostenibilidad. Es probable que los técnicos de Finanzas hayan sugerido esa fórmula antes del naufragio de los Q3.5 millardos de los Bonos del Tesoro y, por tanto, del creciente rechazo de la opinión pública a la aprobación de nuevos préstamos, que además dejó cuesta arriba sacar el segundo préstamo del Congreso, dado ese inocultable olorcillo de pagos bajo la mesa a los diputados que votan.

 Así las cosas, el Gobierno se topa con el techo presupuestario y su financiamiento oneroso. El Congreso, igual, pues si los ministros caen bajo sospecha por las compras, los diputados serán censurados por los votos, pues equivalen a transa. La legitimidad perdida de los poderes del Estado es como una taza rota: los remiendos no ocultan las fracturas y, al cabo, resulta poco útil. De ahí que solo apuntalando una reforma administrativa del Estado –que profesionalice el servicio público y modernice los procesos internos– puede darle sentido a volver a hablar de racionalidad de presupuesto. Mientras, el gasto seguirá siendo un barril sin fondo.

Publicado el 28 de noviembre de 2013 en www.elperiodico.com.gt por Edgar Gutiérrez
http://www.elperiodico.com.gt/es/20131128/opinion/238739/

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