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Con la mejor buena fe, algunos amigos economistas y analistas, quienes han demostrado durante su vida profesional una constante preocupación por nuestro país, están intentando esbozar algunas de las competencias que debiera reunir, idealmente, el ministro o ministra que sustituirá al exministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, quien renunció.

 La realidad es que el nombramiento para dicho cargo ha estado determinado por la relación personal y la confianza del Presidente de la República, dejando en segundo plano las exigencias propias del cargo.

 No obstante, el ejercicio de los colegas es valioso desde el punto de vista académico, aunque en el mundo real este tipo de aportes pocas veces han sido tomados en serio y menos aplicados.

 Además, quien llegue a desempeñar dicho cargo no puede sobrevivir en el mismo si no tiene el absoluto respaldo de la Presidencia, porque el Ministro de Finanzas se enfrenta a adversarios y enemigos personales y del régimen, sin ser querido o comprendido ni dentro del mismo Gobierno, porque no les entrega fondos suficientes, ni tampoco afuera del Gobierno, siendo vilipendiado por el sector privado y el pueblo pagador de impuestos, así como denostado por corruptos, contrabandistas, evasores y defraudadores tributarios.

 A pesar de ello, imagino que habrá deseosos de ocupar el cargo, sobre todo si no son muy honrados y honestos, que debiera ser el primer requisito a verificar. Además, debe ser valiente, laborioso y profundamente comprometido con el país y no solo con el Gobierno de turno.

 Debiera tener capacidad técnica comprobada (economista o profesión afín); conocimiento del funcionamiento del sector público, particularmente en el ámbito económico; capacidad de negociación con los diversos sectores económicos, políticos y sociales; independencia de criterio y carácter suficiente para tomar decisiones difíciles; conocimiento de los temas tributarios y fiscales; conocedor de la realidad económica nacional y de los alcances de la política fiscal; conocimiento del marco normativo que rige el uso de los fondos públicos; respetuoso de la autonomía del Banco de Guatemala; comprometido con el desarrollo económico y la estabilidad macroeconómica; independiente de cualquier grupo de interés que pudiera beneficiarse de la manipulación de la política fiscal; y con un récord ejemplar en materia de transparencia y honestidad. Nada fácil.