Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han reunido ya más de 50 veces, 52 si llevo bien la cuenta, y aún no logran elegir a alguien entre sus compañeros para presidir el Organismo Judicial.
El desgaste ha caído sobre los magistrados, quienes no han tenido otra salida que cumplir el mandato de la Corte de Constitucionalidad que los obliga a sesionar todos los días hasta que salga humo blanco del edificio de mármol de la Corte Suprema.
Sin embargo, hay que entender que la falta de acuerdos no se debe al puro capricho de los magistrados. Para buscar a los verdaderos culpables de esta situación, hay que volver la mirada fuera del OJ y extenderla hacia el norte de la ciudad, en línea recta sobre la 6a. avenida, hasta dar con Casa Presidencial.
De manera oficial, el Presidente y la Vicepresidenta hablan en términos respetuosos del proceso que tiene clavados con alfileres a los magistrados de la Suprema, pero quienes le han hecho el vudú a la Justicia son principalmente ellos: los altos jerarcas del Ejecutivo.
Puede ser que en la superficie del impasse en la elección de la Corte Suprema haya asuntos venales, como los privilegios a los que puede tener acceso el presidente (vehículos, guardaespaldas, presupuesto generoso para “atenciones”), discrecionalidad para la contratación de personal y latitud para disponer del presupuesto de la institución, pero nada de eso es el verdadero fondo de esta disputa que dura ya casi dos meses y que se puede alargar por varias semanas más.
El tema es mucho más profundo: se trata de garantizar control –o tan siquiera capacidad de maniobra o la ilusión de control– en la administración de justicia durante los próximos seis años.
Para la actual mancuerna del Ejecutivo resulta vital incidir sobre quienes imparten justicia. Como aquí los desacuerdos políticos van a recalar a tribunales, el Presidente y su Vice harán lo posible por comprometer hasta donde puedan a quienes deciden sobre antejuicios, procesos penales, amparos y ojo, mucho ojo, extinciones de dominio.
¿Y por qué tanta alharaca si esta Corte ya está en las últimas, dirán ustedes? Pues precisamente por eso: quien resulte electo presidente en esta ocasión tendrá una capacidad de incidencia considerable en las Comisiones de Postulación que el año entrante definirán las posiciones clave en la administración de justicia, comenzando por quien ocupe la Fiscalía General, pues quien preside esa Comisión de Postulación es precisamente el presidente del Organismo Judicial.
La persona que salga electa para presidir la Fiscalía General tendrá a su cargo la persecución criminal durante los próximos seis años. Los integrantes del poder político quieren asegurarse que no habrá un cambio de tónica en el régimen de impunidad existente, y los actuales gobernantes tienen varias razones para mostrarse nerviosos.
Ante todo, el juicio por genocidio dejó flotando varios fantasmas, como ese testigo que llegó a sentarse al banquillo de los acusados a ponerle el dedo al actual Presidente. Pero los miedos no se quedan ahí. En el último año se han ventilado una serie de escándalos de corrupción en varias instituciones de Gobierno.
El regusto que queda es similar al que teníamos en el gobierno del FRG, que como vimos, culminó en algunos procesos penales que han tenido diversos desenlaces, pero que sí han significado temporadas de prisión para las más altas autoridades de esa administración, no digamos la extradición de Alfonso Portillo.
Eso es lo que hay tras el impasse en la Corte Suprema. Así que cuidado con presionar demasiado por una solución inmediata y, sobre todo, por una solución a cualquier precio.
Publicado el 25 de noviembre de 2013 en www.elperiodico.com.gt por Dina Fernández http://www.elperiodico.com.gt/es/20131125/opinion/238515/
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