En la normativa se incluyen reformas a las leyes orgánicas del Presupuesto, de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Consta de 81 artículos, en los que se crean o modifican sanciones contra los funcionarios o empleados públicos que incurran en faltas a esas leyes y otras de transparencia, como la de Contrataciones del Estado.
Estas leyes forman parte de un paquete de 11 iniciativas que fue presentado por el presidente Otto Pérez Molina el 12 de marzo del 2012.
Ese paquete fue aprobado el 24 de octubre último en el Congreso, luego de una larga discusión y de haber tenido dictamen favorable de las comisiones de Probidad, Transparencia y Legislación y Puntos Constitucionales.
Contó con el aval de 108 diputados, de urgencia nacional, como parte de un acuerdo para aprobar en tres lecturas las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que fue enviada a la Corte de Constitucionalidad para su opinión, así como un crédito por US$200 millones.
Para el bloque Compromiso, Renovación y Orden aún es imprescindible que se apruebe la propuesta 4462, que incluye la creación de la ley de fideicomisos públicos y la de probidad.
Los cambios
Una de las reformas que más aplaudieron los congresistas fue el establecimiento de los certificados de disponibilidad presupuestaria, que surgieron en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza con el objetivo de que autoridades del Ministerio de Comunicaciones no contrataran obras sin capacidad de pago, y que servirían para evitar deuda flotante.
También se prohíbe a oenegés construir obra pública o ser contratadas como mediadoras, práctica que era criticada porque muchos funcionarios y políticos utilizaban esa modalidad para el cobro de comisiones.
En el caso de la SAT, la normativa obliga a definir metas anuales de recaudación fundamentadas en actividades reales, y no solo en los cálculos de crecimiento económico del Banco de Guatemala, y establece mecanismos para evaluar el cumplimiento de los objetivos.
También autoriza el incremento del 0.7 al 1 por ciento de la recaudación en el presupuesto del Estado para la Contraloría, pero aumenta su ámbito de acción y de fiscalización, ya que le otorga facultades como la de evaluar el funcionamiento de los fideicomisos públicos y a las oenegés.
Algunos de los cambios más importantes
En ocho días entrarán en vigor los 80 artículos que componen el primer paquete de reformas de transparencia, que incluyen cambios a las leyes orgánicas del Presupuesto, de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
En la Ley Orgánica del Presupuesto se establece que la CGC podrá fiscalizar a empresas de capital mayoritariamente formado con aportaciones del Estado y recursos públicos que sean invertidos por organismos regionales e internacionales y oenegés.
Se prohíbe adquirir compromisos o devengar gastos sin que haya saldos disponibles de créditos presupuestarios, para evitar deuda flotante.
Los créditos de disponibilidad financiera deberán aplicarse en prórrogas, ampliaciones, disminuciones, variaciones o modificaciones de obras.
Se obliga a organismos estatales a establecer una distribución analítica de los recursos, para tener mayor control.
Todas las modificaciones o transferencias presupuestarias deberán informarse a la CGC, al Ministerio de Finanzas (Minfin) y al Congreso.
Los consejos de Desarrollo, oenegés y organismos del Estado recibirán desembolsos según el cumplimiento de avances físicos de las obras.
Se faculta al Minfin a renegociar el destino de préstamos externos, siempre que tengan destino similar al establecido. Antes lo hacía el Congreso.
El funcionario o empleado público que incumpla la Ley Orgánica del Presupuesto será sancionado con multa equivalente al 5% del monto asignado.
Establece sanciones contra funcionarios o empleados que adquieran compromisos sin disponibilidad financiera. Se castigará con el monto total del compromiso que exceda el límite de egresos.
La CGC aplicará sanciones de Q5 mil a Q100 mil a funcionarios o empleados y demás personas sujetas a control de esa dependencia que violen las disposiciones establecidas en el decreto 13-2013.
La CGC fiscalizará a contratistas de obras, oenegés, asociaciones, fundaciones, patronatos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos y cualquier personas individual, jurídica, privada o pública que administre recursos del Estado, incluidas donaciones.
Crea la figura de subcontralor administrativo, que cumplirá labores financieras y de administración que corresponden ahora al contralor general.
El contralor general puede otorgar rebajas de hasta 50% de las sanciones, según la Ley de Contrataciones del Estado y de la CGC. Ahora podía reducir hasta 100%.
Obliga a crear un reglamento sobre cómo y cuándo se harán los descuentos.
Quien se resista a la fiscalización, que obstaculice o impida a la CGC, será multado con Q40 mil a Q60 mil.
La presupuesto anual de la CGC subirá del 0.7% al 1% de los ingresos ordinarios del Estado.
La CGC aplicará sanciones pecuniarias, que se expresarán en salarios o sueldos a los funcionarios y empleados públicos y demás personas que incurran en infracciones.
Establece sanciones de hasta 200% del sueldo mensual del funcionario o empleado que carezca de documentos de respaldo, en extravío o pérdida de formularios oficiales, en la alta de presentación de la liquidación del presupuesto en la fecha establecida.
Se castiga con el 25% al 100% de su sueldo a quien incumpla las normas de calidad del gasto, atrase conciliaciones bancarias, no aplique los clasificadores presupuestarios o incumpla normas de control interno de administración personal.
Se crea la comisión de postulación, un año después de la publicación de la ley, para elegir a los directores de la SAT.
Los directores de la SAT tardarán cuatro años, y podrá reelegirse en el cargo.
Publicado el 13 de noviembre de 2013 en www.prensalibre.com por Jessica Gramajo http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Leyes-castigaran-opacidad_0_1028897113.html
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