Teléfonos que valen una vida

SYLVIA GEREDA VALENZUELA

¡Ya era hora! Finalmente en Guatemala se ha establecido como un delito  la  activación ilegal y la clonación de celulares que hayan sido denunciados como robados. Ahora quienes comercialicen celulares deberán registrarse y estar autorizados. Además, todos los usuarios que adquieran un aparato móvil o compren un chip deberán dar sus datos personales a la telefónica para poderse identificar.

La ley también contempla penas de entre cinco y 10 años de prisión o multas de Q40 mil a Q100 mil para las personas que adquieran teléfonos de dudosa procedencia.

Ademas, la ley establece que debe de haber un Registro Movil para la prevención y el combate del delito.

Es un hecho que esta era una ley pendiente desde hace años. En un país como Guatemala donde existen más celulares que ciudadanos era simplemente aberrante que quienes se dedican a robar más de 150 mil celulares al año no tuvieran un castigo y menos aún que operaran impunes quienes se atrevían a clonar y flashar celulares robados en los centros comerciales y mercados, a la vista de todos.

Uno quisiera que esta nueva ley fuera el inicio del fin de este flagelo que ha causado cientos de muertes de inocentes, sin embargo la gran incógnita es si Guatemala cuenta con la tecnología, los servicios, los recursos pero sobre todo la disposición de las autoridades como el Minisiterio Público, la policía Nacional Civil y el Organismo Judicial quienes serán a partir de ahora los responsables de perseguir a estas redes criminales.

Uno quisiera que con una ley que  establece cárcel de seis a 15 años años por el robo del celular se acabaran los delitos y que aquellos que se dedican al flasheo, comercialización y alteración del aparato pudieran poner un alto a su negocio ilegal con tan solo pensar que tendrán de cinco a 10 años y pago de multa; pero cuando uno analiza la situación nacional, la carencia de justicia y sobre todo la ineptitud de las autoridades y la complicidad de las mismas en la participación de las redes criminales, uno no puede más que esperar que esta ley no quede en una nueva ley muerta tal y como sucedió con la ley que pretendía obligar a los motoristas a portar chalecos o la que prohibía que dos personas se transporten en una misma moto.

En un país donde cada hora se roban cerca de 16 teléfonos  y donde al menos 10 personas pierden la vida por un celular, lo menos que uno puede esperar es que esta ley funcione. Al menos un primer precedente se ha concretado, ahora toca ver que tan efectivas son nuestras autoridades y en lo que a nosotros, los ciudadanos de a pie corresponde, el mayor reto es sin lugar a dudas dejar atrás la doble moral y hacer el compromiso de nunca jamás comprar un celular de segunda mano y menos robado. El  detener este flagelo también está en nuestras manos.