Bienes públicos y los Free Riders

 

Mayda Azucena Mazariegos

De acuerdo a un principio legalista, todos somos iguales ante la ley, entendiendo que los deberes y obligaciones son iguales para todos los ciudadanos regidos por un Estado que norma y limita a éstos para una convivencia pacífica, de modo que todos pueden gozar los privilegios que el mismo Estado proporciona en forma equitativa.

Dentro de esa multitud de normas que pretende igualar derechos, aparecen los free rider, que son todas aquellas personas, instituciones o gremios que reclaman derechos para ellos, que aparecen en la ley o fuera de ella, o bien que sin reclamarlos los gozan porque hay lagunas legales por donde pueden gozar de privilegios que los demás pagan.

Estos gorrones, llamados así en Latinoamérica, se enfocan más en la provisión de bienes públicos y cómo ampliar su uso y disfrute que llama mucho la atención porque se incrementan en proporciones alarmantes, desfinanciando los presupuestos gubernamentales a largo plazo, siendo esto obra de zapadores furtivos y, precisamente, eso llama la atención de politólogos, economistas, sociólogos y psicólogos, porque este fenómeno es utilizado de excusa para justificar la ampliación de los gastos y actividades monopólicas del Estado.

En la Teoría del Análisis de las Decisiones Públicas, free rider, es una persona que recibe un beneficio por utilizar un bien o un servicio, pero evita pagar por él. Es quien se beneficia de los bienes públicos, negándose a tributar, deseando que los demás sí lo hagan y que produzcan el bien del que él también disfrutará, aprovechándose de fallas en el sistema estatal.

La existencia misma de bienes públicos es incentivo para el free-rider, y no se lleva a cabo la internalización de los beneficios de los demás miembros que han contribuido a que el bien exista. Otra razón natural que origina el fenómeno del gorrón es que todo ser humano de manera inteligente busca la maximización de beneficios al mínimo costo.

La existencia de free-riders, es el argumento utilizado por políticos y servidores públicos, para exigir contribuciones obligatorias que permitan incrementar el gasto y el tamaño del Estado, asumiendo que el gobierno produciría equilibradamente el bien en cuestión. El financiamiento es través de la aplicación de impuestos para todos sin excepción, con lo cual se internalizaría la externalidad y no habría free-riders.

Los bienes públicos se ofrecen en forma individual, mientras que los impuestos son aplicados en forma generalizada, por ende algunos ciudadanos reciben más de lo que pagan. Otros reciben menos de lo que quieren y pagan más por la cantidad que otro recibe. A diferencia de esto en el Mercado, con los bienes privados cada uno de los consumidores recibe la cantidad y calidad comprada. El Estado por su parte no ofrece ninguna opción de ajuste para los ciudadanos, únicamente cobra impuestos.

El Estado tiene y usa el poder de coacción para que todos contribuyan, desencadenando muchos efectos, la confiscación impositiva, lejos de arreglar el problema de los free-riders, lo agrava, incrementando el gasto público, presión de grupos organizados por hacer recaer sobre la mayoría de los ciudadanos los costos de sus peticiones, exigiendo más y más gastos sin que cada individuo admita su responsabilidad en sufragar su parte. Es el propio Estado el que genera o alimenta al free rider, que después pretende combatir con aún más coacción en el incremento de impuestos, endeudándose, incrementando el crédito, etc.

Por estas razones, hace falta difundir la idea de que los beneficios de los servicios han de ser para quienes los pagan aun de manera proporcional, y en constante búsqueda de internalizar los beneficios.

No es válida la afirmación: es imposible que instituciones privadas provean óptimamente los bienes colectivos. Planteo el ejemplo del proceso usado en una institución guatemalteca dedicada a proveer esparcimiento y recreación con excelencia en el servicio, es el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala –IRTRA-.

Hasta finales de la década de los años 50, en Guatemala no se contaba con lugares especializados y adecuados para la recreación organizada de los trabajadores y sus familias. En 1960 surgió la idea de algunos empresarios, de crear una institución para llenar ese vacío en la recreación, dedicada especialmente a los colaboradores de la empresa privada y brindarles la oportunidad de utilizar de forma positiva su tiempo de descanso laboral.

Fue así como los empresarios presentaron al gobierno central, de forma voluntaria, la propuesta para formar un comité que estudiara, presentara y promoviera una ley que le diera vida a una institución que brindara al trabajador recreación sana en lugares idóneos.De esta manera se integró el primer comité de trabajo el 27 de junio de 1960 que tuvo representación de prominentes empresarios y fue denominado “Comité de Recreación para los Trabajadores”.

Lo que se debe resaltar en relación con lo anterior, es que el sector público no participa en este proyecto, IRTRA tiene autonomía y libertad, actuando bajo regulaciones propias y se sostiene con una cuota del 1 % de los salarios ordinarios y extraordinarios mensuales de los trabajadores del sector privado, pagado por el patrono. Desde su fundación hasta la fecha la gestión de su Directiva hace que se vean resultados en infraestructura puestas al servicio del trabajador que solamente debe comprobar dos meses de ganar el salario mínimo para tener derecho a gozar todos los privilegios en los parques, haciendo que la compensación con bienes y servicios de calidad, sea mayor a lo aportado económicamente.

Actualmente IRTRA cuenta con parques temáticos, acuáticos, numerosos hoteles y restaurantes de primera calidad, únicos en Centroamérica, donde No afiliados y también los turistas nacionales y extranjeros pueden utilizar las instalaciones al pagar las tarifas establecidas, no recargándolo en los que aportan.

Podemos preguntarnos ¿Pueden los bienes y servicios públicos, administrarse de la misma manera? Aparte del IRTRA podemos imaginarnos la misma gestión en el alumbrado público, en la recolección de basura, la distribución de agua, servicios hospitalarios que compitan con el actual Seguro Social.

Este ejemplo demuestra lo errado de la percepción de los bienes públicos, y la posible solución del problema de los gorrones, con la provisión privada de los bienes colectivos en un ambiente de mayor libertad, y la actividad disminuida de Estado.

Además la sociedad puede con su cultura formar esta clase de personas aprovechadas, que viven pensando en la manera de vivir a costa del Estado. Ante una crisis lo primero que piensan es, como el gobierno nos resolverá nuestro problema. Piensan a quien le adjudican el origen de sus dificultades, si es por la influencia de gobiernos extranjeros o tal vez por el Fondo Monetario Internacional, siguen convencidos que su situación de crisis es algo impuesto del exterior, pero se olvidan que además es agravado por un sistema político corrupto, incompetente y servil ante sus patronos y clientes.

Cuál es la identificación de estos clientes, acaso estamos hablando de los mismos, los Free Riders. Ejemplo de esto es la sociedad griega después de años de recesión y en general quienes gozan de privilegios del sector público, siguen negándose al cambio porque están en cierta forma inmunes a las crisis económicas, la cual sencillamente no les afecta, porque se adaptan a los sistemas que ofrece el Estado.

Estos cambios incluyen cambios políticos, que no consisten en solo privatizar las compañías públicas, abrir la competencia en general, eliminar las regulaciones proteccionistas, combatir la corrupción, sino realizar cambios profundos en las legislaciones que eliminen las prácticas populistas y permiten la supervivencia a los Free Riders.

Mayda Azucena Mazariegos,

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