PEDRO TRUJILLO
Mientras la actualidad informativa y los esfuerzos del Gobierno parecen centrarse en promover negociaciones con grupos irregulares de mafiosos no representativos en diferentes comunidades de Barillas, ciertas transnacionales hacen de las suyas irrespetando el marco legal nacional y eluden cumplir normas que siguen los demás. El resultado se traduce en competencia desleal, irreverencia procedimental e impago de la sanción correspondiente. Un expediente del Departamento de Regulación y Control de Alimentos del Ministerio de Salud relata cómo la entidad Industrias del Atlántico, S.A. incumplió el requisito de solicitar el correspondiente permiso antes de comenzar una campaña publicitaria de bebidas alcohólicas. Al ser denunciada y tras reconocer que la norma no se observó, propuso retirar parte de la publicidad y aseguró que procedía a suspender la campaña. Sin embargo, unos días después el mismo organismo constató que no era cierto y que la valla publicitaria que sirvió de prueba seguía en el lugar “haciendo notorio el espíritu de infracción”. En ese momento, el departamento del Ministerio de Salud, en vista de que la empresa anunciadora de Brahva presentaba pruebas falsas y no había cumplido el compromiso adquirido, impuso una sanción de algunos cientos de miles de quetzales
Ciertas empresas —esto es algo antiguo— incumplen normas creyéndose con derecho de pernada a modo de barones feudales o llevan a cabo políticas de hechos consumados, bajo la premisa prepotente de que más vale pedir perdón que permiso. Cualquier acción del ser humano —la empresarial es una de ellas— debería estar precedida o en paralelo con la correspondiente actuación ético-legal para encajar en un mundo competitivo y sujeto al Derecho. El término “república bananera” se remonta a la época en que ciertas transnacionales del ramo reclamaban el intervencionismo estadounidense en países como este para imponer la razón comercial aun con sinrazón legal.
Aquello, suficientemente evidenciado en documentos desclasificados, se proyecta hoy en forma diferente, aunque con similar efecto. Algunos magnates, CEO o gerentes mienten o creen estar por encima de la ley y la vulneran con toda suerte de lujo, despreciando la legalidad y también a la sociedad que la observa, sostiene y cumple. Por si fuera poco, en demasiadas ocasiones y abusivamente exigen la destitución del funcionario que enfrenta a esos grupos todopoderosos que se creen intocables, porque piensan que las cosas se pueden seguir haciendo a la “Brahva”, como la costumbre histórica de acudir a los golpes de Estado ilustra ¡Nos llega!
Aspiramos a una sociedad moderna que no debe permitir este tipo de abusos ni reír la gracia a listillos importados con ínfulas imperialistas que intentan mañosamente burlar procesos y generar descontento entre productores y distribuidores del gremio con problemas que ellos mismos ocasionan con su actuar. El caso de corrupción en India de la matriz Anheuser-Busch InBev’s es un precedente y un hecho por evitar. Un país moderno respeta el estado de Derecho y exige el marco de competitividad que el resto observa.
A los funcionarios que enfrentan estos embates poniendo en riesgo su empleo hay que apoyarlos, destacarlos y premiarlos. Promover desarrollo, generar empleo y ensalzar la empresarialidad en modo alguno es compatible con el engaño, la mentira o inobservar procesos legales. Antes bien, el ejemplo, la honesta gestión y el emprendedurismo se demuestran exactamente con actitudes contrarias. De momento un juez local los ampara, carta común bajo la manga. Veamos si el PGN actúa o cierra el expediente sin el pago sancionador tras alguna “negociación habitual”. ¡Salud!
Artículo publicado en el diario guatemalteco Prensa Libre, el día martes 15 de octubre 2013.
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