La esquiva transparencia

En la historia política del país se pueden contar con los dedos de las manos los gobernantes que desde el inicio de su gestión dieron a conocer sus posesiones, y se sabe de algunos que incluso llevaron una vida modesta al salir del servicio público, una mística que ha venido en franco deterioro desde la instauración de la democracia, y más bien se han acrecentado las denuncias sobre malos manejos y es usual saber de personas que tras su paso por el Estado han multiplicado su patrimonio.

Una de las acciones que más confunden a los políticos en ejercicio de un cargo es creerse lo que les dicen sus más cercanos colaboradores, de que la corrupción no es una preocupación que le quite el sueño a la población, y es cierto, porque es apenas una de las tantas penalidades que la embargan, porque primero está la seguridad como angustia cotidiana, y luego, dependiendo de la región, también puede disputar esa posición el costo de la vida o la falta de un trabajo formal, con lo cual pareciera que no tiene mayor relevancia.

Sin embargo, tampoco deben confundirse, ya que una cosa es que la corrupción no esté a la cabeza de las preocupaciones nacionales y otra que no les afecte, pues en el fondo la ciudadanía lo intuye y lo detesta. Quizá por ello resulte explicable que hasta ahora ningún partido de los que han ocupado el poder lo haya retenido y más bien han desaparecido, como castigo.

También es creencia popular muy arraigada que en la medida en que se evade informar se busca ocultar algo, y por ello es que resultan discutibles los argumentos de prohibiciones legales, pues en todo caso debería tener preeminencia la Constitución de la República, que estipula que “todos los actos de administración son públicos”, lo que todo político que se precie de serlo debería acatar, sobre todo porque en países como el nuestro esas se convierten en acciones positivas, aunque la población no deje de ver con recelo la información que se le da.

La transparencia es una actitud que se demuestra o cuya carencia se hace evidente al momento de ocupar una posición de gobierno, debido a la gran cantidad de recursos de que disponen los gobernantes y sus funcionarios. Lo menos que debería esperarse es un manejo responsable y una cuentadancia sin regateos.

Al fin y al cabo, todo lo que se pierde en sobreprecios, obras o productos de mala calidad, favoritismo en licitaciones, asignaciones directas sin explicación, pérdida de insumos, comisiones y tráfico de influencias termina pagándolo el pueblo, a través de malos servicios en salud, infraestructura deficiente, educación sin recursos y un subdesarrollo intolerable.